Eugenio Jiménez Rolón reconoció que seis ministros de la Corte pidieron ver a Santiago Peña por “cuestiones administrativas”, días antes de que Diputados aprobara la ley que elimina la rotación en circunscripciones judiciales.



El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón confirmó que seis miembros de la máxima instancia judicial se reunieron recientemente con el presidente Santiago Peña. Explicó que el encuentro, realizado en Mburuvicha Róga, se llevó a cabo a pedido de los propios ministros y que tuvo como eje planteamientos “puramente administrativos”. La admisión se produjo tras varios días de versiones sobre una reunión “secreta” que no había sido aclarada oficialmente.

En la sesión de este miércoles de la Corte Suprema se confirmó el reporte de que la cita con el jefe del Ejecutivo ocurrió días atrás. Según lo señalado, también habría participado el presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, aunque ese punto desmentido de forma expresa. La reunión se dio poco antes de que la mayoría cartista en la Cámara de Diputados aprobara la eliminación de la rotación de ministros en las circunscripciones judiciales del país.

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Del encuentro en Mburuvicha Róga participaron el presidente de la Corte, César Diésel, y los ministros Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. No asistieron los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander. La ausencia de estos tres integrantes reforzó las preguntas sobre el carácter y el alcance de la reunión con el Poder Ejecutivo.

Durante varios días, la falta de una versión oficial alimentó especulaciones sobre el contenido de la cita. Recién en la plenaria de este martes los ministros se pronunciaron al respecto. Jiménez Rolón lamentó la demora en ofrecer explicaciones y admitió que “el silencio alimenta cualquier tipo de imaginación”. Sin embargo, sostuvo que existe un acuerdo interno para tratar los “temas de interés” únicamente en sesiones plenarias.

El ministro insistió en que la reunión fue solicitada por “algunos ministros” de la Corte, entre los que se incluyó. Afirmó que no se trató de una convocatoria del presidente Peña. Según su relato, el propósito fue plantear cuestiones administrativas, relacionadas con la liberación de recursos presupuestarios. El objetivo declarado era que la Corte pudiera seguir cumpliendo sus funciones en un contexto de mayor demanda ciudadana.

Jiménez Rolón señaló que las exigencias al Poder Judicial son cada vez mayores y mencionó, entre ellas, la falta de infraestructura. Explicó que, en el encuentro, él expuso la necesidad de fondos para continuar obras edilicias en los departamentos de Central y Concepción, donde las instalaciones son “verdaderamente paupérrimas”. Además, indicó que la ministra Carolina Llanes se refirió al plan de caja institucional.

Por su parte, el ministro César Garay habría planteado la situación de los juzgados del Chaco Boreal. En su intervención, Jiménez Rolón también mencionó otras obras de infraestructura judicial en curso en distintos puntos del país. Presentó estos temas como la agenda central de la reunión con el presidente de la República, sin detallar otros puntos abordados en Mburuvicha Róga.

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La cita generó recelo por su cercanía temporal al tratamiento de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La propuesta, finalmente aprobada, derogó la norma que establecía la rotación periódica de los ministros de la Corte en la presidencia de las 18 circunscripciones judiciales del país. Esa herramienta había sido diseñada para impedir que un mismo ministro permaneciera por largos periodos con control directo sobre una misma jurisdicción.

El proyecto fue impulsado y aprobado por la mayoría oficialista cartista en Diputados. Sus críticos señalaron que la modificación equivale a la restitución de “feudos” judiciales, al permitir nuevamente que ciertos ministros se consoliden en determinadas regiones. Históricamente, esta situación fue asociada a mayores riesgos de corrupción y a la concentración de poder en el ámbito judicial.

El texto sancionado por la Cámara Baja aún debe ser promulgado o vetado por el Poder Ejecutivo. Mientras se espera esa decisión, la proximidad entre la reunión en Mburuvicha Róga y la votación legislativa mantiene abierta la discusión política. En el centro del debate se ubican el alcance real de los planteamientos “administrativos” y la independencia efectiva entre la Corte Suprema y el Gobierno.

Fuente: ABC Color


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