Reyes Rigo, la única española de la Flotilla Global Sumud que continúa retenida en Israel, volverá a España después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía del tribunal de la ciudad meridional de Beersheba. El Ministerio Público había presentado cargos contra ella y pedido prisión preventiva este viernes, lo que hizo temer que su liberación se complicara.
A cambio de declararse culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria de prisiones y pagar una multa por el equivalente de unos 2.600 euros, esta mallorquina de 56 años será liberada y posteriormente deportada del país. Suhad Bishara, directora de la ONG que le ha prestado asistencia legal, Adalah, ha confirmado a EL PAÍS que la activista será expulsada este domingo a Jordania, desde donde regresará en avión a España.
Las autoridades israelíes habían sostenido durante toda esta semana que Rigo había sido retenida en Israel ―mientras el resto de españoles (48) de la flotilla eran deportados― por haber mordido a una funcionaria de prisiones (una enfermera) el pasado domingo, una acusación que la activista siempre ha negado. Sin embargo, en los cargos por agresión finalmente presentados contra ella este viernes no se alude a ningún mordisco, sino solo a un supuesto arañazo.
En el escrito de acusación se asegura que Rigo “atacó a la guardia [la funcionaria] agarrándola por la mano izquierda y clavándole las uñas en la carne” en la prisión de máxima seguridad de Ketziot, según el texto reflejado por diferentes diarios israelíes. En ese penal del desierto del Neguev estaban encarcelados todos los activistas de la flotilla.
La versión de Rigo es que actuó en defensa propia y de otra activista cuando se produjo un forcejeo en el que se interpuso entre los guardias de la cárcel y esa compañera de la flotilla cuando los funcionarios la estaban agrediendo.
Otros participantes en la Global Sumud, asaltada por la Marina israelí el 8 de octubre, han corroborado la versión de Rigo al describir cómo ese domingo varios guardianes de la cárcel sacaron a la activista de una celda “con extrema violencia” agarrándola por el pelo y arrastrándola por el suelo. Después la condujeron a otra celda donde quedó confinada en solitario, según explicó tras aterrizar el lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas Alejandra Martínez Velasco, otra mallorquina que también participó en esa flotilla, cuyo objetivo era entregar ayuda humanitaria en Gaza.
Ante estas versiones contrapuestas, la abogada de Adalah que representa a Rigo, Hay Abu Gharara, solicitó al juez que la policía aportara las imágenes del incidente, que deberían haber quedado grabadas en las cámaras de la cárcel. En la primera audiencia del caso, el pasado miércoles, el representante de la policía israelí que testificó contra la activista aseguró que ese cuerpo de seguridad no disponía de esos vídeos y que ni siquiera los habían visto.
Esa podría haber sido una de las claves de la resolución del caso. Gracias al acuerdo por el que Rigo será expulsada a España, la policía israelí evita tener que mostrar las imágenes del incidente en el tribunal, como había pedido la defensa de la activista. Según la abogada Abu Gharara, citada por la prensa israelí, esos vídeos habrían puesto de manifiesto la violencia con la que los funcionarios de la cárcel trataron a la mujer.
El resto de los activistas, ya expulsados a sus países de origen —más de 460, entre ellos, los otros 48 españoles—han denunciado haber sufrido golpes, insultos, tratos humillantes y torturas físicas (como obligarlos a permanecer durante horas en posturas dolorosas) y psicológicas. Algunos incluso han descrito cómo los agentes de las fuerzas de seguridad israelíes y los guardias de la prisión los apuntaron con armas de fuego y les amenazaron con perros. También fueron privados de agua, comida y medicamentos.
Otros ocho españoles
Horas antes de que se celebrara la primera audiencia del caso de Rigo el miércoles, Israel había asaltado los barcos de una segunda flotilla que también aspiraba a alcanzar las costas de Gaza y romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria.
En esa expedición, bautizada como Mil Madleens, viajaban unas 150 personas, entre ellas ocho españoles.
Como sucedió el 8 de octubre, cuando Israel cerró el paso a la Global Sumud en la que participaba Reyes Rigo, el abordaje de los barcos se produjo en aguas internacionales, en las que rige el derecho a la libre navegación, según la legislación internacional.
Si nada se tuerce, estos ocho españoles serán también expulsados por Israel, puede que incluso desde este sábado. Antes habrán tenido que firmar un documento de deportación en el que reconocen haber intentado entrar ilegalmente en ese país, una acusación que no es cierta, pues navegaban hacia las aguas territoriales de Gaza, un territorio palestino ocupado. Ese documento implica una prohibición de entrada en Israel durante 10 años.