La prolongación de la ofensiva israelí sobre Gaza y la concentración de recursos económicos en esas operaciones no solo amenazan la vida de miles de personas en la Franja, sino que comprometen el bienestar de la sociedad israelí. La guerra ha llevado al Gobierno de Israel a modificar sus prioridades presupuestarias. Ahora, varios expertos israelíes advierten de que esos esfuerzos pueden comportar el colapso de los servicios públicos y dar lugar a una “década perdida” en la economía, tal y como ocurrió tras la guerra del Yom Kipur, en 1973. “Estamos en la guerra más larga y cara de la historia de Israel, con hasta 63.000 millones de euros en costes directos”, admitió en septiembre de 2024 el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí mantiene una ofensiva a gran escala en la franja de Gaza, pero también ha lanzado ocupaciones militares u ofensivas aéreas en Cisjordania, en Líbano, en Siria, en Yemen o en Irán. Esta guerra de múltiples frentes ha llevado Israel a ampliar la carga de la deuda. Tras un año y medio de conflicto, el endeudamiento que pesa sobre Israel ha pasado de equivaler al 60% de su PIB a alcanzar el 70%, según el Gobierno. Y satisfacer el compromiso con los deudores será cada vez más difícil. Las agencias de calificación crediticia han devaluado la posición de Israel hasta en tres ocasiones desde el inicio del conflicto, lo que aumenta los intereses que deberá pagar después.
“Estamos comprometiendo nuestro crecimiento futuro”, alerta Esteban Klor, profesor de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador principal de la relación entre economía y seguridad nacional del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Israel (INSS).
Klor subraya que Israel ya paga en la actualidad 15.000 millones de euros anuales en intereses, y prevé que esas responsabilidades aumenten a medida que la guerra se alargue. “Algunos economistas intentamos hacer entender al Gobierno que tiene que tener en cuenta la economía cuando toma decisiones de guerra, porque queremos evitar otra década perdida”, dice.
Después de la guerra del Yom Kipur, en 1973, que también financió agrandando la deuda, Israel sufrió 12 años de fuerte crisis económica, conocida en el país como la “década perdida”. Durante aquellos años, Israel registró en algunos momentos una inflación superior al 450%, además de desempleo y fluctuaciones en el valor del shekel, la moneda local.
A pesar de esos precedentes, el Gobierno de Benjamín Netanyahu aumenta sus planes militares y sus inversiones. Esta semana ha aprobado la ocupación de Ciudad de Gaza. Si el ejército israelí lleva esa maniobra adelante, el INSS estima que la factura de la operación podría alcanzar los 24.700 millones de euros, una cifra que asegura que incrementará la deuda y que representa el 5% del PIB.
Según la Oficina Central de Estadística de Israel, ese mismo porcentaje en relación con el PIB suponía la inversión anual que Israel llevaba a cabo en defensa durante los años previos a la guerra en Gaza, en los que el gasto en asuntos militares alcanzó mínimos históricos.
Los dirigentes israelíes han anunciado que la toma de Ciudad de Gaza requerirá durante los próximos meses la movilización de 130.000 reservistas. El año pasado, un estudio del Ministerio de Finanzas cifró el coste para movilizar a cada soldado en la reserva en unos 12.200 euros mensuales.
La convocatoria de reservistas también tiene costes indirectos para el Estado, puesto que retira a trabajadores y consumidores de la sociedad durante periodos prolongados. Al inicio del conflicto, a finales de 2023, Israel llegó a convocar a 300.000 reservistas de golpe, y desde entonces ha ido emitiendo convocatorias con frecuencia.
Para el profesor Klor, el mayor indicio de la ralentización de la economía israelí durante la guerra lo muestra el índice del PIB per cápita, que en junio de 2025 era el mismo que en junio de 2022. “La guerra le ha costado tres años de crecimiento al país”, lamenta. El desvío de recursos hacia el frente de guerra también se percibe en los servicios públicos, donde ya están en marcha recortes en materia de salud, transporte y otros servicios básicos.
Karnit Flug, gobernadora del Banco Central de Israel hasta 2018, firmó en mayo un informe del Instituto de la Democracia Israelí (IDI) como miembro sénior de esa organización en el que alertaba del “cambio radical” en las prioridades presupuestarias de Israel. La investigación reflejaba que el gasto que el Gobierno destina a asuntos civiles se mantiene con respecto a 2019, cuando la guerra aún no había empezado, pero denunciaba que “la composición” de esas inversiones ha cambiado: “La proporción de servicios sociales ha disminuido y ha sido reemplazada por [la inversión] en los reservistas o en la reconstrucción [de las áreas dañadas durante los ataques de Hamás de 2023]”.
Según el informe, la incertidumbre en los territorios fronterizos con Líbano y con la Franja también castiga a la economía israelí. Miles de israelíes residentes de las comunidades de norte de Israel permanecen desplazados desde octubre de 2023 a costa del Estado. El inicio de ese desplazamiento tuvo lugar durante el intercambio de proyectiles entre Hezbolá y el ejército israelí. La milicia libanesa no dispara contra suelo israelí desde noviembre de 2024 en virtud del alto el fuego, pero la continuación de los bombardeos israelíes contra territorio libanés y las amenazas puntuales por parte de la milicia desincentivan el regreso a la zona.
En declaraciones a la prensa durante la presentación del informe, Flug alertó de que “las mayores necesidades en defensa” llevarán los “ya sobrecargados servicios públicos al riesgo de colapso”. La experta desaconsejó aumentar el peso sobre los hombros de la población civil ante la posibilidad de que abandonen Israel. “Este es un país pequeño, con pocos recursos naturales, y nuestra economía depende del capital humano como principal fuente de crecimiento”, señaló.
Teniendo en cuenta las obligaciones crecientes que Israel está adquiriendo con los deudores, Flug anticipó que el gasto en asuntos civiles podría reducirse en el país entre un 4% y un 5,5% del PIB para 2034, “ubicando a Israel, con diferencia, en la última posición entre las economías avanzadas”.