Los vecinos de las favelas de Río de Janeiro que la policía asaltó a fuego el martes en busca de los jefes de un grupo criminal llamado Comando Vermelho (comando rojo) y sus lugartenientes han localizado durante la madrugada unos 70 cadáveres más en el bosque ubicado entre ambas barriadas. Los han ido colocando en fila, sobre el suelo, cubiertos con mantas, en una plaza de la favela Vila Cruzeiro, para que sus allegados puedan identificarlos. Para muchas madres, hermanas y esposas termina la incertidumbre. Durante toda la jornada ha habido un constante baile de cifras sobre los muertos en la matanza policial. Según el Ministerio Público, al menos 132; según el Gobierno de Río, 119 (incluidos cuatro policías).
Con cualquiera de esas cifras, la operación más letal de Río de Janeiro se convierte en la más letal de la historia de Brasil, por delante de la de la cárcel de Carandirú, en 1992, que dejó 111 reos muertos.
Los vecinos aseguran que algunos de los cadáveres estaban decapitados, con cabezas colgadas de los árboles o apuñalados. El balance oficial incluye también más de 110 detenidos y casi 120 fusiles decomisados. Los narcos llegaron a lanzar granadas contra los agentes desde drones.
A primera hora de la tarde, un batallón de barrenderos municipales con monos naranja fregaba, con movimientos vigorosos, agua y jabón, la calzada en la que, hasta un rato antes, estaban colocados en fila los cadáveres localizados por los vecinos en el bosque que se alza ladera arriba. En las aceras, familiares angustiados, vecinos hartos, activistas de derechos humanos, muchos periodistas y grupos evangélicos ofreciendo consuelo a los deudos. Vecinos voluntarios han ido bajando los cuerpos del monte desde la madrugada en camionetas tras localizar los cadáveres con ayuda de motoristas que hacen de taxistas en estos barrios empinados.
En la acera está Natalia, fumando nerviosa y trasteando en el teléfono móvil. Está desesperada desde que anoche hablo por última vez con su hermano pequeño, Coraminho, de 19 años. Teme que esté muerto, que cayera en la emboscada de la policía. “Me dijo que estaba cruzando el bosque, pero no sé si venía de Alemão para Penha, o al revés. Desde entonces no conseguimos hablar con él. No sé dónde está”, explica antes de añadir emocionada: “Creo que está muerto, allá arriba, tirado en el bosque”. Otra de las hermanas está en el depósito de cadáveres, pero allí tampoco ha conseguido averiguar nada.
Funcionarios municipales se han llevado las decenas de cadáveres por tandas a lo largo del día al Instituto de Medicina Legal, en el centro de la ciudad, donde familiares esperan noticias o el turno para identificar a su allegado.
A Natalia y al niño pequeño, con el pelo teñido de color estridente que lleva de la mano, les acompañan una madre y un padre que conocen ese dolor. Ellos también perdieron a sus hijos en operaciones policiales, el de ella en 2019, Pablo Henrique, como recuerda un retrato con su nombre que lleva en la camiseta. “Venía de trabajar”, apunta ella. Cada vez que hay una matanza policial, acuden a consolar. Las mujeres realizan una pequeña protesta en la que despliegan pancartas caseras y llaman “asesino” y “ejecutor” al gobernador, Cláudio Castro.
Río, la segunda ciudad más poblada de Brasil, ha amanecido con una triste neblina gris. También con toda la red viaria liberada de las barricadas y con el miedo en el cuerpo tras una jornada en la que la ciudad fue rehén del fuego cruzado entre los criminales y la policía. Las calles están prácticamente vacías. No hay atascos en las principales arterias viales, muchos comercios han cerrado en las barriadas de Penha y Alemão. Y en el centro, quien ha podido se ha quedado en casa.
Unos 2.500 agentes fueron movilizados en la incursión policial en dos complejos de favelas considerados el cuartel general del Comando Vermelho. Este grupo criminal fundado en Río de Janeiro es el segundo más poderoso del país tras el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su sede en São Paulo.
El PCC nació en la cárcel de Carandiru en 1992 como un colectivo de presos en defensa de sus derechos más básicos, después de que la policía matara a 111 presos en un baño de sangre que supuestamente pretendía sofocar un motín. Hasta este miércoles era considerada la peor matanza policial brasileña.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recién llegado de un viaje oficial a Asia, se ha reunido con su equipo en Brasilia para analizar la crisis. La víspera, el gobernador Castro criticó la falta de apoyo del Gobierno federal para enfrentarse al crimen organizado. Al mandatario le ha sorprendido que el Gobierno de Río lanzara una operación de semejante magnitud sin informar al Ejecutivo central, según ha contado el ministro de Justicia, el juez Ricardo Lewandowski.
“Narcoterroristas”
El gobernador Castro ha declarado este miércoles, cuando ya se conocía que los vecinos habían encontrado decenas de cadáveres en el bosque, que la operación contra el Comando Vermelho fue “un éxito, salvo por la muerte de los cuatro policías”. Y por si quedaban dudas sobre su posición, ha enfatizado que solo los uniformados “son víctimas”. En anteriores operaciones policiales que acabaron en matanzas, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado ejecuciones extrajudiciales.
Castro se ha reunido por la mañana con la cúpula de seguridad de Río de Janeiro. También ha tenido un encuentro de marcado carácter político, una cita por videoconferencia con otros gobernadores conservadores, incluidos varios de los aspirantes a tomar el relevo de Jair Bolsonaro como candidato de la derecha para medirse en las elecciones de 2026 frente al presidente Lula.
Castro ha abrazado la tesis de que los narcotraficantes son terroristas, como sostiene el presidente estadounidense, Donald Trump, con su discurso y cuando perpetra ataques extrajudiciales contra supuestas narcolanchas. El gobernador brasileño se ha referido a los miembros del Comando Vermelho como “narcoterroristas”, un calificativo que también ha usado el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro sugirió la semana pasada a EE UU que atacara las embarcaciones que, según acusó sin pruebas, navegan cargadas de droga por la bahía de Guanabara, frente a Río.
La matanza policial se produjo en vísperas de que la semana próxima Brasil acoja la cumbre mundial del clima, que organiza la ONU, y que reunirá a alcaldes de todo el mundo en Río y líderes internacionales en Belém, en la Amazonia. A esa reunión, presidida por Lula, se espera que acudan el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente español, Pedro Sánchez, entre otros.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho sentirse “horrorizada” por la macrooperación policial. “Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva” sobre las muertes, indicó en su cuenta oficial de la red social X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.