La relatora de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, ha presentado este martes un nuevo informe en el que señala “la complicidad” de decenas de Estados —principalmente, occidentales— en la ofensiva israelí en Gaza. Albanese argumenta que parte de la comunidad global colabora desde hace años en la perpetuación de una ocupación ilegal “que ahora ha escalado” a un genocidio “permitido internacionalmente”, y exhorta a esos países a suspender sus relaciones comerciales y militares con Israel, recordándoles que están legalmente obligados a abstenerse de participar en las violaciones israelíes.
La investigación, titulada El genocidio de Gaza, un crimen colectivo, examina el papel de 63 países que se han relacionado con Israel a nivel diplomático, militar o comercial durante la guerra en el enclave, manteniendo unos lazos que podrían suponer “la asistencia o la participación directa” en actos ilegales como crímenes de guerra y genocidio. EE UU es el Estado más mencionado en el informe, en el que también se registra la connivencia en distintos grados de múltiples países europeos y árabes.
“Mediante acciones ilegales u omisiones deliberadas, demasiados Estados están dañando, financiando y protegiendo el apartheid militarizado de Israel”, ha dicho Albanese durante la presentación del informe este martes. “[Y todo ello] está permitiendo que su proyecto de colonización metastatizara en genocidio, el crimen máximo contra el pueblo indígena de Palestina”.
La abogada italiana de los derechos humanos ha presentado su investigación por videoconferencia desde Sudáfrica. Después de que un informe anterior que publicó en junio denunciara corporaciones internacionales —incluidas 60 firmas estadounidenses— que se lucran con la colonización israelí de los territorios palestinos, la Casa Blanca emitió sanciones contra Albanese, impidiéndole el acceso a EE UU y a la sede de la ONU en Nueva York. La relatora pone el país sudafricano, que registró un régimen de apartheid hasta la década de los 1990, como ejemplo del papel que el derecho internacional puede tener en la consecución de la justicia y la autodeterminación.
La diplomática ha argumentado que el genocidio en Gaza “no se comete de manera aislada” y ha protestado por el hecho de que, “a pesar de la creciente evidencia de la intención genocida” de Israel o de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia al respecto, haya Estados que sigan suministrando armas a Israel.
La investigación denuncia que múltiples países —con EE UU, Alemania o Italia entre los más destacados— suministran munición a Israel desde hace décadas, a pesar de que sucesivas resoluciones de la ONU reclaman un embargo de armas sobre el Estado judío desde 1976. Esa relación que “escaló” tras el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició la ofensiva en Gaza después de los ataques de Hamás contra los kibutz del sur del país.
Desde ese momento, EE UU habría autorizado 742 transferencias de armas hacia manos israelíes. “Las Administraciones de Joe Biden [hasta finales de 2024] y la de Trump han reducido la transparencia [de esos envíos]”, en ocasiones “autorizando compras justo por debajo de la cantidad que requiere la aprobación del congreso”.
El informe de la relatora señala Alemania como “el segundo mayor proveedor de armas durante el genocidio”, con suministros que incluyen “fragatas y torpedos”. El documento refleja la postura de los líderes alemanes, que justifican ese apoyo vinculándolo a una supuesta obligación posterior al Holocausto. O el Reino Unido, que a pesar de avanzar hacia el reconocimiento de un Estado palestino —paso que ha dado este septiembre— ha permitido que su base en Chipre —cercana a la Franja— sea utilizada para coordinar vuelos de reconocimiento, compartiendo inteligencia con Israel. La experta también cuenta un total de 26 países que han hecho al menos 10 envíos de munición hacia Israel, y la existencia de un puñado más que han hecho envíos por componentes y mediante sistemas “opacos”.
En el plano diplomático, Albanese ha dado cuenta de la cobertura ofrecida por EE UU, que ha utilizado el derecho a veto en siete ocasiones en el Consejo de Seguridad de la ONU para favorecer los intereses israelíes en relación con la guerra de Gaza. También ha reiterado su crítica hacia la Unión Europea por evitar aplicar sobre Israel las mismas sanciones que aplicó sobre Rusia tras la invasión de Ucrania, y ha tachado de ineficaces las sanciones que países como Australia, Canadá o Noruega han impuesto sobre líderes u organizaciones israelíes de extrema derecha, puesto que “condonan” el sistema israelí en su conjunto.
Los relatores son investigadores independientes que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombran para obtener reportes sobre la situación de los derechos humanos a nivel global. Sus investigaciones no tienen autoridad legal, pero pueden aumentar la presión sobre determinados actores e informan a los fiscales de la Corte Penal Internacional.