Las protestas que sacuden a Irán desde finales de diciembre se han cobrado la vida de al menos 2.003 personas, según un funcionario iraní ha indicado bajo condición de anonimato a la agencia Reuters este martes. Se trata de la primera cifra de víctimas que las autoridades mencionan desde el inicio de los disturbios. En paralelo, la ONG Human Rights Activists in Iran (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en EE UU, registra la misma cantidad de muertes totales y precisa que 1.850 de los fallecidos son manifestantes, mientras que 135 pertenecían a los cuerpos de seguridad.
La fuente gubernamental, que Reuters no identifica, vincula las muertes con la acción de “terroristas”. La acusación impulsa la versión oficial que las autoridades vienen defendiendo, y que señala a Estados Unidos e Israel como responsables de intervenir en las movilizaciones mediante agentes armados, con el objetivo de provocar una espiral de violencia que justifique una ofensiva de ambos países.
HRANA, por su parte, contabiliza nueve menores de edad entre los muertos, así como nueve personas más que identifica como “ni manifestantes ni agentes de seguridad”. La organización, que ha actualizado sus datos por última vez a primera hora de la tarde de este martes, dice estar verificando otros casos, con lo que se espera que la cifra final pueda ser mayor.
Estas informaciones coinciden con el grito de alerta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Este ciclo de violencia atroz no puede continuar”, ha protestado un “horrorizado” Volker Türk mediante un comunicado leído por su portavoz, Jeremy Laurence. “El pueblo iraní y sus demandas sobre equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas”. Preguntada por la cantidad de víctimas en las protestas, Laurence la cifró “en los centenares” según sus fuentes en Irán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado el “número creciente” de muertos en Irán como algo “horroroso”. “Condeno inequívocamente el uso excesivo de la fuerza y la restricción continua de la libertad”, ha indicado la alemana. La mandataria ha recordado que parte del aparato de seguridad del régimen iraní ya está sujeto a sanciones europeas por su incumplimiento en materia de derechos humanos, y ha emplazado al club de los 27 a ir más allá. “En colaboración” con Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, “se propondrán enseguida más sanciones sobre los responsables de la represión”.
Las manifestaciones empezaron el 28 de diciembre en el Bazar de Teherán, donde el gremio de los mercaderes bajó las persianas de algunos comercios para protestar por la pérdida del valor del rial iraní y por el deterioro de las condiciones de vida. En pocos días, las protestas se habían convertido en una movilización a escala estatal, con miles de iraníes en las 31 provincias del país protestando por la falta de libertades y exigiendo un cambio de régimen.
Foto: Toby Melville (REUTERS) | Vídeo: EPV
Tal y como hizo durante revueltas anteriores —la actual es la quinta desde 2009—, Teherán respondió con el corte a internet, que mantiene tras cinco días pese a indicar el lunes que lo restablecería pronto. Durante este período de apagón se han producido la mayoría de muertes. En las movilizaciones de 2019, que comenzaron por el aumento del precio de la gasolina y que se convirtieron en uno de los mayores retos hacia las autoridades desde 1979, las fuerzas de seguridad mataron a más de 1.500 personas en menos de dos semanas, según tres funcionarios declararon entonces a Reuters.
“La gente con quien he podido hablar describe este levantamiento como el más amplio y descarado desde el nacimiento de la República Islámica”, explica a EL PAÍS la iraní Firuzeh Mahmoudi, presidenta de United for Iran, una organización de derechos humanos iraní-estadounidense. “Los iraníes saben que se juegan la vida al salir a la calle a protestar”, detalla la activista, “pero muchos ven la República Islámica como un proyecto político caducado, y este levantamiento es tanto un disturbio como una protesta”, explica por teléfono desde EE UU.
“Agentes terroristas”
Las autoridades iraníes, sin embargo, descartan que lo que describen como “manifestantes legítimos” se involucren en los altercados, y vinculan esos hechos con agentes impulsados o alentados por los enemigos de Irán, a quienes culpan de las muertes en las manifestaciones.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Arahgchi, afirmó durante una rueda de prensa el lunes que Teherán ha confiscado grabaciones de audio enviadas desde el extranjero hacia “agentes terroristas” con indicaciones para abrir fuego contra manifestantes y fuerzas de seguridad. Araghchi percibe en la maniobra un complot para propiciar la intervención militar del presidente de EE UU, Donald Trump, que ha advertido en numerosas ocasiones que atacaría si Teherán dispara contra la población. Este martes, ha alentado a los manifestantes a que “tomen las instituciones” y ha asegurado que “la ayuda está en camino”.
La inteligencia iraní ha anunciado la identificación de “células” que, según su versión, han entrado al país desde el exterior y están en posesión de armas estadounidenses. El jefe de la policía de Irán, el General Ahmadreza Radan, alertó el lunes que se han detenido individuos “entrenados para fabricar escenarios” y para “manipular la percepción del público”, y ha denunciado la presencia de personas armadas que disparaban hacia manifestantes y fuerzas de seguridad para retratar a las autoridades como violentas.
Las palabras del General Radan, que ha prometido trabajar hasta detener a “la última persona” implicada en los disturbios, preocupan a los defensores de derechos humanos. El presidente del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, vinculó la semana pasada a los manifestantes con “los regímenes estadounidense y sionista”. “El enemigo ha apoyado a los alborotadores, no de manera indirecta, sino abierta. Ya no se aceptará ninguna excusa ni justificación por parte de los alborotadores ni de quienes les apoyan”, dijo durante una reunión con el comando de policía, según recoge el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
El 7 de enero, las autoridades iraníes ejecutaron a un joven identificado como Ali Ardestani por “espiar en favor de la Mosad”, la agencia de inteligencia israelí en el exterior —que reivindicó, al inicio de las protestas, tener a personal infiltrado en las manifestaciones—. IHR denuncia que el juicio que llevó a la pena máxima fue irregular, “como ocurre en muchas penas máximas”. Era la duodécima ejecución por ese motivo desde la guerra que Israel inició sobre Irán en junio de 2025.
“Es extremadamente preocupante ver declaraciones de algunos altos cargos judiciales indicar la posibilidad de aplicar la pena de muerte sobre los manifestantes mediante procesos rápidos”, ha alertado este martes la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quien ha lamentado que el Gobierno etiquete como “terroristas” a quienes se manifiestan.