Ucrania, Gaza, Sudán, Myanmar, Siria… El mundo se enfrenta a cada vez más conflictos, con las cifras de muertes llegando a los miles, si no decenas de miles. Los ataques contra la asistencia médica en zonas de conflicto en 2025 se han disparado a niveles récord, con un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, en los que 1.981 personas, civiles y personal médico, perdieron la vida, según el informe La atención médica en el punto de mira de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), publicado este miércoles. Esa cifra es dos veces mayor que en el año anterior, con 944 fallecimientos en esas circunstancias, según datos del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esto, a pesar de que hace casi 10 años una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaba ese tipo de ataques y pedía el fin de la impunidad de las partes agresoras.
La ONG acusa a las “partes beligerantes” en conflictos armados, es decir, quienes cometen los ataques, incluidos los Estados, de eludir cada vez más su obligación, en virtud del Derecho internacional humanitario (DIH), de proteger tanto las instalaciones como el personal y los vehículos médicos, así como los pacientes.
Raquel González, coordinadora para MSF en España, advierte de que el aumento del número de ataques contra la asistencia médica en conflictos armados, refleja una preocupante tendencia: las ofensivas contra instalaciones sanitarias y trabajadores y pacientes que se encuentran en ellas, han pasado de ser daños colaterales de los enfrentamientos a objetivos. “En lugar de hablar de errores, ahora se afirma que los hospitales y el personal humanitario han perdido su protección”, señala.
“Estamos en el momento dónde hay un mayor número de conflictos violentos activos desde la II Guerra Mundial. 59, según el Índice Global de Paz 2025″, afirma González. “Y hay una tendencia que vemos desde 2022, que es que el 80% de los ataques contra la atención médica en 2023 y 2024 estuvieron a cargo de los Estados, es decir Rusia, Ucrania, Israel”, subraya.
Los datos recogidos por MSF apuntan a que Ucrania, país invadido por Rusia hace ya casi cuatro años, registró el mayor número de ataques contra asistencia sanitaria, con 577 instalaciones afectadas. Sin embargo, el mayor número de muertes (1.620) en esos ataques se confirmó en Sudán, donde la guerra entre el ejército sudanés y la milicia rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) continúa, desde 2023. Estos mismos datos confirman que Myanmar se sitúa segundo, con 148 fallecidos; Gaza, tercera, con 125; Siria, 41; y Ucrania, 19.
“No cabe la menor duda de que tanto sobre la base del Derecho internacional convencional, es decir los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, como en atención al Derecho internacional general, los ataques dirigidos intencionalmente contra instalaciones y personal sanitario son comportamientos prohibidos que, en general, pueden considerarse como lo que comúnmente se llaman crímenes de guerra”, subraya por correo electrónico Javier Chinchón, profesor de Derecho internacional en la Universidad Complutense de Madrid, consultado por EL PAÍS.
Según confirma el académico, la violación de esas normas conlleva dos tipos de responsabilidades no excluyentes: la del Estado, en caso de que se le pueda atribuir estos ataques de forma directa o indirecta a una entidad estatal; y la individual, dirigida a quienes ordenan o cometan dichas ofensivas.
“En el primer caso, el órgano competente de referencia general en la ONU para un procedimiento judicial sería el Tribunal Internacional de Justicia (TPI). En el segundo, la respuesta es más compleja. La Resolución 2286 recordaba algo que suele querer olvidarse: el deber inicial y principal de hacer realidad que los responsables individuales de esos actos respondan ante la justicia es de los tribunales de los propios Estados. Pero además, hay órganos internacionales que podrían llevar a cabo procedimientos judiciales en estos casos, como la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 8 de su Estatuto”, explica Chinchón.
En cuanto al DIH, en el cual las ONG como MSF se basan para llevar a cabo sus intervenciones en zonas de guerra, la coordinadora González afirma que el contenido de esta norma le garantiza a la acción médica una protección especial. “El personal médico tiene que ser respetado y protegido. Los enfermos y los heridos también”. Si bien debe contar con la autorización del Estado en el que quiere entrar antes de realizar cualquier labor.
Este tipo de ataque dirigido de manera indiscriminada contra las misiones médicas, según González, refleja un menor respeto hacia los civiles en el país en cuestión. “La población civil cada vez está siendo menos respetada y el derecho que tiene, según el DIH, a ser protegidos, a que no se les ataque, también”, condena. “Lo que se quiere hacer es una política de tierra quemada, de dañar lo más posible a la población civil. En ese marco, todo lo que sea atacar a instalaciones civiles, hospitales, escuelas… lógicamente perjudica”, añade.
“[Lo establecido en el Derecho internacional] son normas que ellos [los Estados] han consignado como tales. Lo que está prohibido, incluso durante un conflicto armado, y cuáles son las consecuencias de violar esa prohibición. Es desolador ver cómo muchos de ellos pretenden haberse olvidado también de esto”, lamenta el profesor.
Casos recientes
En los últimos años, se han registrado múltiples ataques contra infraestructura médico, en distintos conflictos.
En Gaza, dónde Israel llevó a cabo bombardeos constantes contra la población civil, los hospitales se convirtieron en objetivos en más que una ocasión: el de Nasser en Jan Yunis y el de Al Ahli al Arabi en la ciudad de Gaza.
En Ucrania, Rusia también atacó en reiteradas ocasiones a hospitales: el materno-infantil de Mariupol apenas empezada la guerra en el país europeo, y el pediátrico en Ojmatdit, en Kiev, dos años más tarde.
En Sudán, la ofensiva más reciente contra una instalación médica ha sido cuando los rebeldes mataron a 460 personas en el Hospital Materno Saudí, en El Fasher.