En unas horas, Arianne Betancourt tendrá enfrente a una de las culpables de que su padre esté encerrado en el centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz, de Florida. Es la tarde del 2 de marzo y Arianne sube a un vuelo de la aerolínea American Airlines, en Miami. Luego aterriza en Washington, sale del aeropuerto, se dirige al centro comercial de Pentagon City y localiza la tienda de Macy’s. Busca ropa que “resalte”, no quiere ir “vestida de luto”. “Si me sacan del lugar, que la gente sepa que fue a mí a quien arrastraron porque no podía quedarme callada”. Elige un pantalón y una chaqueta color rosa, paga por el conjunto y se va al hotel. Está casi lista para mirar a los ojos a Kristi Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien comparecerá al día siguiente en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado que acabará en su despido.
Sobre las ocho de la mañana del 3 de marzo, Arianne, de 33 años, hace fila para entrar al Edificio Dirksen de Oficinas del Senado, al lado del Capitolio. Noem aún no ha llegado a la sala donde se celebrará la audiencia, pero el lugar ya está repleto de gente, entre ellos los miembros del grupo Angel Families, que integran familiares de personas que han muerto a causa de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados en el país. Algunos sostienen las fotos de sus nietos o sobrinos, y otros llevan gorras en las que se puede leer “MAGA moms”. Están en la primera fila, a donde también han mandado a sentarse a Arianne y otras familias de migrantes: una chica cuyo novio enfermo está desde hace meses en el centro de detención de Krome, en Miami; los hijos de otro señor en manos de los agentes migratorios; un joven al que los oficiales le cayeron a golpes; y está Marimar Martínez, la mujer de Chicago que sobrevivió a cinco disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza el año pasado.
Los miembros de Angel Families comienzan a impacientarse. No quieren que ningún migrante se les siente al lado. Dicen que son víctimas de gente como ellos. Los migrantes les responden que ellos también son víctimas. De repente, hay dos bandos encontrados en la sala, como han estado enfrentados desde hace un año en todo el país. Las autoridades deciden reubicar a los familiares de los migrantes detrás, en la tercera fila. Arianne pregunta a un encargado por qué solo los mueven a ellos. “A mí no me hables”, le responde el señor.
Noem, de 54 años, entra a la sala a las nueve de la mañana. “Se veía estirada, maquillada, con un anillo de esmeraldas enormes en una mano y otro de diamantes en la otra”, recuerda Arianne. Durante el año que estuvo al frente del Departamento de Seguridad Nacional y fue la encargada de ejecutar la dura agenda migratoria de Donald Trump, Noem a menudo fue señalada por sus llamativos y simbólicos looks: el chaleco antibalas que vistió en ocasiones, o el lujoso Rolex de 50.000 dólares que lució en su muñeca izquierda durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, la megacárcel a la que el Gobierno de Estados Unidos deportó más de 250 migrantes el año pasado por encima de la orden de un juez.
Ángel Blanco Marín, un músico venezolano de 23 años, permanecía en la celda número 32 cuando el 26 de marzo de 2025 vio entrar a la secretaria del DHS a la cárcel de máxima seguridad. “Un poco arrogante, con mirada despectiva”, cuenta por teléfono desde su pueblo, localizado a 20 minutos de Caracas, a donde llegó como deportado tras su paso por El Salvador.
Antes de que la funcionaria visitara el centro penitenciario, a los reclusos les repartieron desodorante y sábanas limpias, y les exigieron organizar las celdas. “Nos mandaron a tener todo bonito, nadie podía ir al baño. Ella entró, hizo un mini recorrido hasta la mitad del penal y se paró en la celda 31 a tomarse la foto”. Es la imagen donde Noem aparece con una gorra azul marino, camisa blanca y pantalones justos, ante un fondo de hombres descamisados y tatuados.
Dice Ángel que los reclusos comenzaron a gritarle todo tipo de “groserías” y a exigir que los liberaran. Del CECOT, cuenta, “la sacaron corriendo”. El venezolano, que ahora se gana la vida como repartidor de comida en su país natal, no olvida aquel rostro. “El daño está hecho. El daño a mí, a los estadounidenses que han sido asesinados brutalmente, a los migrantes. Y no pasa nada, todo sigue igual”.
Noem ha llevado otros polémicos trajes durante su paso por el Departamento de Seguridad Nacional, entre ellos el uniforme de la guardia Costera, o el que vistió durante la grabación de un mensaje a caballo como parte de la campaña publicitaria de 200 millones de dólares que, entre otras cosas, acabó costándole su puesto en el Gabinete de Trump. En uno de los multimillonarios anuncios —que, según Noem, el presidente había aprobado, pero que, de acuerdo a la Casa Blanca, no fue así— la funcionaria advierte: “Si cruzas la frontera ilegalmente, te encontraremos”. Lo dice luciendo chaparreras, sombrero y botas de vaqueros.
A Noem siempre le han gustado las botas de vaqueros, desde su infancia en Watertown, al noreste de Dakota del Sur, en el rancho en el que creció junto a su familia. Tampoco dejó de usarlas cuando fue gobernadora de ese Estado, etapa en la que ganó las simpatías de Trump por su ferviente militancia en el movimiento MAGA.
Pero ese martes de principios de marzo, al interior del edificio Dirksen, Noem llega vestida con un traje color marrón, milimétricamente arreglado. Un hombre le grita que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, y los miembros de Angel Families salen a defenderla. Luego se oye la voz de una chica con un traje rosa: “Yo estoy con los migrantes”, dice en inglés, por encima del murmullo colectivo. Es Arianne.
“Lo grité con toda la fuerza de mi alma”, recuerda de aquel día. “Sentí asco de verla, sentí vergüenza”.
Desde hace cinco meses todo es diferente en la vida de Arianne: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevó a su padre, el cubano Justo Betancourt, de 54 años. De tanto dolor, perdió el hijo que estaba esperando. Llora casi a diario. El día en que empezó a protestar en actos públicos y vigilias para exigir la liberación de su padre, su novio se apartó, su tía la echó de la casa, y varios amigos y un primo le retiraron la palabra. “Dicen que perdí la cabeza, que estoy loca. Pero no solo estoy haciendo esto por mi papá, sino por muchas personas”.
“Es vergonzoso lo que está pasando”
A aquella audiencia del 3 de marzo, Noem llegó a rendir cuentas. La funcionaria al mando de un departamento formado hace poco más de dos décadas, que controla 22 agencias federales, con un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares, tuvo que responder las preguntas de los senadores de ambos partidos sobre muchas de las polémicas que la persiguieron en los últimos meses, como la supuesta relación extramarital que tuvo con un exasesor cercano a Trump, o sobre su gestión como encargada de la política migratoria del Gobierno.
En la sala, muy cercana a Arianne, estaba Marimar Martínez, la maestra estadounidense de 30 años baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el 4 de octubre de 2025 en Chicago, que la dejó con daños nerviosos en la mano derecha. En un momento, el senador estadounidense Richard Blumenthal le pidió a Noem reconocer el error de los agentes relacionados con el episodio de Martínez. “Señor, desconozco la situación y el caso”, respondió ella. Por su parte, el senador Dick Durbin le preguntó sobre las muertes de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron por los disparos de agentes migratorios desplegados en Minneapolis, y a quienes Noem llamó “terroristas domésticos”.
“¿Se retracta de estas declaraciones que identifican a estas personas como terroristas domésticos?”, le preguntó Durbin. ”Estamos trabajando en aquellas situaciones en las que hay una trágica pérdida de vidas y en las que nuestros agentes están involucrados, y seguimos proporcionando información», respondió la funcionaria. “¿Tan difícil es admitir que te equivocaste?”, la interrumpió Durbin.
Noem evadió la respuesta. Prefirió obviar el incidente que marcó el inicio de su colapso al frente del departamento.
Arianne salió “decepcionada” de la sala. “Es vergonzoso lo que está pasando y que esa mujer pueda estar mintiendo. Las pruebas están ahí, las familias están ahí, las muertes están ahí”.
“Yo soy una víctima del DHS”
Desde el cuarto barato de tejas de metal donde ahora vive en Villahermosa, al sureste de México, Rafael Crespo, un cubano que fue deportado el 26 de enero de 2026 tras haber vivido por más de 30 años en Estados Unidos, dice sin remiendos: “Yo soy una víctima del DHS. Yo fui abusado por el Gobierno americano”.
Aún camina con dolores por la fractura en la espalda que sufrió en custodia federal. Fue detenido en octubre del pasado año en Florida. El 29 de ese mes, sobre las nueve de la noche, ninguno de los más de 80 migrantes detenidos en el centro donde Crespo se encontraba había comido. Estaban inquietos; llamaban a los guardias, pero nadie les hacía caso. Algunos empezaron a patear la puerta de la entrada de la prisión. Lo primero que hicieron las autoridades del North Florida Detention Center fue cortar el agua. Luego, por el techo, los rociaron con gas. Era tanto que la gente comenzó a toser; apenas podían respirar. Aquello era un avispero de hombres desesperados. “Era gas para ahogarnos, la gente corría de acá para allá, la puerta estaba cerrada”, cuenta Crespo, de 55 años. “Yo no podía respirar por la nariz ni por la boca. Nos estábamos ahogando, sentía que me iba a morir”.
La gente comenzó a vomitar; algunos cayeron desmayados. Crespo, tratando de respirar por una ventanilla encima de la litera, cayó de espaldas al suelo desde esa altura. Luego los sacaron de la prisión, los enjuagaron con mangueras de agua y los castigaron por una semana sin dejarlos bañar ni realizar llamadas. Tres días después, Crespo se desmayó y le salió una hernia en el ombligo de tanto toser. Aún guarda los documentos del hospital que atestiguan que sufrió una fractura de columna por la caída y tuvo sangre en el hígado. Los mismos documentos demuestran que las autoridades penitenciarias le negaron atención médica.
“Todo lo que me hicieron lo van a pagar, alguien tiene que hacer algo”, dice Crespo. “Violaron todos mis derechos civiles y los derechos del detenido. Yo entré ahí bien y salí mal. Herido, deportado, perdí todo”.
El saldo que deja Noem tras un año al frente del Departamento de Seguridad Nacional no es poco: más de 20 personas muertas bajo custodia del ICE y más de 70.000 encerradas en centros de detención de todo el país, donde muchos se quejan por la falta de atención médica, la discriminación contra personas de la comunidad LGBTIQ+ o el poco acceso a abogados. Hay al menos 4.000 niños detenidos y unas 700.000 personas deportadas, la mayoría de ellas sin antecedentes penales. Muchos de los que entraron al país de manera legal viven en un limbo migratorio, con visas revocadas y procesos suspendidos.
Para Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Laboratorio de Inmigración y catedrático en la American University de Washington D. C., la huella no es menor. “Mucha de la comunidad latina en Estados Unidos está aterrada, deprimida y prisionera en centros de detención o en sus departamentos y casas. Algunos han preferido dejar el país; muchos no han querido llegar acá, aunque sea con papeles. El daño psicológico, moral y económico tardará décadas en repararse”.
El despido
El pasado 5 de marzo, dos días después de la audiencia de Noem en el Senado, el presidente Trump anunció que la funcionaria sería reemplazada como secretaria de Seguridad Nacional a partir del 31 de marzo y que ocuparía el puesto de enviada especial para el Escudo de las Américas. La misma noche del anuncio, un grupo de madres, esposas e hijas, que se unen día por día en una oración por sus familiares en centros de detención, recibieron la noticia entre el entusiasmo y el descrédito. “Yo me tomé una cerveza y un trago de Bacardí y celebré por todo lo alto”, dijo una de las mujeres. “Era una corrupta. No importa si tenía amante o no, era una corrupta”, apuntó otra.
Algunas vieron la destitución con esperanza, mientras que otras se lo tomaron como una maniobra política más. “Para mí lo que hicieron es un truco publicitario; a ella la cambiaron de posición porque están perdiendo el voto. Yo misma voté por Trump y luego me decepcioné muchísimo”, dijo una de las integrantes del grupo.
En la casa de sus padres en Maracaibo, Venezuela, José Andrés Bordones Molina también supo de la destitución de Noem. Primero pensó que no era cierto. Luego no le hizo mucho caso. El daño está en su cuerpo, a modo de recordatorio. Su brazo izquierdo tiene las cicatrices de los dos disparos que recibió de parte de un ciudadano estadounidense, cuando el 24 de septiembre de 2025 fue detenido por el ICE.
“Cada vez que veo mi brazo recuerdo ese día; cuando me miro en el espejo, o cuando veo cualquier noticia, aunque no sea la mía, me recuerda lo que yo pasé, lo que viví”, asegura Bordones.
Eran menos de las siete de la mañana y las autoridades migratorias los tenían a él y a nueve migrantes más retenidos y esposados de manos, en una camioneta a las afueras de una oficina de inmigración en Dallas, Texas. Joshua Jahn, un estadounidense de 29 años, comenzó a disparar contra ellos, antes de suicidarse. “Cuando dejó de disparar, logramos bajarnos de la camioneta y entramos al edificio”, recuerda Bordones.
Él recibió los disparos en el brazo, y otra bala le rozó la cabeza. Dos de sus compañeros no sobrevivieron al ataque. Norlan Guzmán Fuentes, un salvadoreño de 37 años, falleció en la escena. “Fue fuerte, vi cómo no reaccionaba, estaba agonizando; los mismos agentes no sabían qué hacer”. Miguel Ángel García Hernández, un mexicano de 32 años, murió días después en el hospital.
“Me decía: ¿por qué me pasó esto a mí, si no le he hecho nada a nadie?“, cuenta Bordones. “Soy una víctima, porque el ICE tenía que habernos protegido”.
Tras dos días en el hospital, Bordones fue llevado a un centro de detención y deportado a su país el 28 de enero de 2026. Ahora su abogado intenta solicitar una visa U, creada para proteger a víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso físico o mental. Quiere regresar a Estados Unidos a cumplir, dice, “la meta” con la que llegó hace dos años. “Me gustaría volver, trabajar, comprarme una casita. Quiero dejarle algo a mis hijas”.