La ley antimafia de pagarés (Ley 7564) fija topes a embargos y descuentos salariales en el sector público. El sector privado queda fuera y reabre el debate de igualdad.
La Presidencia informó que Santiago Peña promulgó la Ley 7564, conocida como ley antimafia de pagarés. El objetivo declarado es ordenar embargos y descuentos sobre salarios en el Estado. La medida apunta a proteger el ingreso mensual de los funcionarios.
El origen político de la norma está ligado al caso llamado Mafia de los Pagarés. El Gobierno presentó la ley como una respuesta para frenar prácticas que golpearon a trabajadores del sector público. El enfoque es administrativo y busca reglas claras de descuento.
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La novedad central es que la ley fija un techo al total de deducciones. El tope incluye embargos judiciales y otros descuentos. Con ese límite, se busca que el salario disponible no caiga por debajo de la mitad para los estatales.
Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo.
Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los…
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2025
Además, la ley blinda ciertos ingresos. Beneficios sociales, subsidios y aguinaldos quedan fuera de embargos para funcionarios. La intención es resguardar pagos que cumplen una función de apoyo familiar y estacional.
Otro punto operativo es la autorización de descuentos. A partir de ahora deben ser expresas, por escrito o en formato digital. También pueden revocarse en cualquier momento por el propio funcionario, lo que introduce control directo sobre las retenciones.
El cumplimiento tiene consecuencias dentro del Estado. El incumplimiento se considera falta grave en el régimen disciplinario de la función pública. Esto obliga a las instituciones a ajustar su sistema de descuentos y a documentar cada autorización.
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El texto no abarca al sector privado. Empleados de empresas y comercios quedan fuera de la ley antimafia de pagarés. Esta diferencia reinstala el debate legislativo sobre igualdad ante la ley y la posible extensión de las mismas garantías.
En síntesis, la Ley 7564 ordena topes y procedimientos para salarios públicos, pero mantiene una brecha con los trabajadores privados. El próximo paso podría darse en el Congreso, si se plantea un esquema similar que cubra a todo el universo laboral.
Fuente: ABC Color