El senador Líder Amarilla destacó que está de acuerdo con la aprobación de la Ley de protección a periodistas, que fue postergada ayer en el Senado. Aclaró, sin embargo, que se deben realizar ciertos “ajustes” y establecer mejor los límites de alcance y las definiciones, para que se establezca una protección real a los trabajadores de la prensa y se cumpla con la sentencia de la Corte IDH respecto a las garantías para el ejercicio de la profesión.
Ayer la Cámara Alta postergó la ley de protección a periodistas, alegando la falta de dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El senador Líder Amarilla aseguró que solo fue algo circunstancial, pero que ve con buenos ojos el proyecto.
Destacó que es necesaria la ley, para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al caso de Santiago Leguizamón, que estableció la obligatoriedad de crear los marcos legales que garanticen el ejercicio de la profesión y la libertad de prensa.
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“Cuando vinieron a plantear (el proyecto) desde el Círculo de Periodistas explicaron que ellos lo que buscan es señalar que el derecho a la información es también un derecho constitucional, ¿cómo va a llegar la información si el que tiene que informar no es protegido?”, declaró en ABC Cardinal.
Aclarar definiciones
Destacó que el proyecto permitiría que los delitos que generalmente son del ámbito privado pasen a ser del ámbito público y la Fiscalía pueda intervenir de oficio ante atropellos y amenazas, por ejemplo. Resaltó que eso implicará que los comunicadores no necesiten de muchos fondos económicos para iniciar una querella, como ocurre actualmente.
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No obstante, resaltó que se debe aclarar mejor la definición de periodistas y el alcance de la normativa, para evitar que se vean beneficiadas personas en casos más relacionados con el ámbito privado que a la difusión de la información. Acotó que una persona que se vea afectada por amenazas cuando esté comunicando sobre hechos públicos, “sin duda debe ser protegida”.
Finalmente, Amarilla sostuvo que se debe visibilizar el problema y el Estado Paraguayo debe garantizar la protección al periodista y, por ende, a la libertad de expresión, “con límites, por supuesto”.