La construcción del Gran Hospital de Asunción está suspendida tras denuncias de vicios legales en la adjudicación al consorcio ganador.
La licitación del proyecto para el Gran Hospital de Asunción ha quedado en el centro de una fuerte controversia. La adjudicación al Consorcio GHA, por un monto superior a los G. 466.000 millones, fue suspendida luego de que el Consorcio Yvaga denunciara vicios legales en el proceso y presentara una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El monto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, supera en más de USD 11 millones la propuesta rechazada de Yvaga, que ascendía a USD 52 millones. Según los denunciantes, la diferencia representa un sobreprecio del 26,6%, porcentaje que sobrepasa el límite admitido por la normativa vigente.
Gran hospital de Asunción bajo investigación de Contrataciones Públicas
Las objeciones se centran en la forma en que el MOPC evaluó los requisitos técnicos. El consorcio descalificado sostiene que el ministerio introdujo exigencias no contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Entre ellas, la obligación de acreditar experiencia hospitalaria bajo un único contrato, criterio que fue establecido mediante respuestas a consultas y no a través de una adenda formal, lo que, de acuerdo con la Ley 7021/22 y el Decreto 2264/24, carece de validez legal.
Además, se cuestiona que la aclaración sobre este punto haya sido comunicada apenas tres días antes de la apertura de sobres, contraviniendo el plazo mínimo de seis días exigido por la normativa. A esto se suma la restricción aplicada a la participación de subcontratistas especializados, lo que contradice el mismo PBC, que sí contemplaba esa posibilidad.
El debate escaló cuando se filtró un memorándum interno del MOPC que reconocía que el pliego original era inclusivo y habilitaba la concurrencia de varios subcontratistas, con el fin de ampliar la competencia. El documento, firmado por una funcionaria de la Unidad Ejecutora de Proyectos, evidenciaría que las modificaciones introducidas en la evaluación carecieron de sustento en el marco regulatorio.
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La DNCP intervino el 8 de agosto pasado, ordenando la suspensión del proceso mientras analiza la protesta. El MOPC defendió la adjudicación en su descargo, presentado el 19 de agosto, donde solicitó el rechazo de la impugnación. Desde entonces, el organismo de control dispone de 35 días para resolver el caso, aunque la definición aún no se ha dado a conocer.
El futuro del proyecto sigue en suspenso. Lo que debería ser una obra emblemática para la capital se convirtió en un expediente cargado de dudas sobre transparencia, legalidad y gestión de recursos públicos. La resolución de la DNCP marcará un precedente clave en la fiscalización de grandes contratos estatales.
Fuente: ABC Color