La senadora cuestionó falta de acción oportuna y sostuvo que bebé sobreviviente tiene derecho a vivir bajo protección del Estado.



La senadora Lizarella Valiente cuestionó la ausencia de una junta médica que pudiera haber autorizado legalmente la interrupción del embarazo en el caso de la niña de 13 años fallecida tras dar a luz en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray. La legisladora señaló que el Código Penal paraguayo contempla esta posibilidad cuando está en riesgo la vida de la madre.

Valiente explicó durante su intervención en el Congreso que el artículo 109 del Código Penal establece claramente que no se obra antijurídicamente si la muerte del feto se produce por arte médico para proteger la vida de la madre. Esta disposición legal se alinea con el artículo 4 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

La senadora enfatizó que los médicos estaban protegidos por la ley si se hubiera constituido la junta médica correspondiente y tomado la decisión de interrumpir el embarazo. Podemos entrar en un debate profundo y necesario, pero es evidente que con una junta médica se pudo haber practicado este procedimiento, expresó la legisladora.

Valiente manifestó su profundo dolor por la tragedia y el abuso sexual del que fue víctima la menor. Sin embargo, evitó pronunciarse directamente sobre el autor del hecho delictivo. Lamento mucho lo ocurrido. No quiero hacer apología al delito, pero tampoco expresar lo que soy capaz de sentir hacia ese hombre que cometió esa atrocidad, declaró.

La parlamentaria resaltó que, pese a las circunstancias trágicas, la recién nacida sobreviviente tiene pleno derecho a vivir y el Estado paraguayo está brindándole la asistencia necesaria. Producto de esa tragedia, hoy vive una niña que también tiene derecho a la vida, más allá de las circunstancias que rodearon su nacimiento.

El programa DICUIDA de la Dirección General de Cuidados Alternativos está velando actualmente por la niña que sobrevivió al parto, según informó la senadora. Esta entidad estatal se encarga de brindar protección y cuidados especializados a menores en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

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La legisladora insistió en que el Estado paraguayo sí está presente en este caso particular, garantizando el bienestar de la menor sobreviviente. Esta afirmación busca contrarrestar críticas sobre la supuesta ausencia de políticas públicas efectivas para proteger a menores víctimas de abuso sexual.

El caso ha generado un intenso debate público sobre los límites legales del aborto en Paraguay, las fallas del sistema de salud pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil.

Fuente: Última Hora


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