Bajo un fuerte “control policial y fiscal” vecinos autoconvocados de Luque realizaron una manifestación pacífica contra el proyecto de la autopista elevada que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) plantea en la ciudad.
La movilización ciudadana ser llevó adelante en el km 18 de la ruta Luque-San Bernardino, en el desvío a Yukyry, en donde se tendría la culminación del tramo elevado. Llamó la atención el fuerte contingente policial que estuvo “custodiando” la manifestación, incluso con presencia del fiscal Jorge Escobar.
Los afectados por la ampliación de la Ruta PY02 y la construcción de una autopista elevada de 4 km sobre la vía del tren que divide la ciudad de Luque salieron en la tarde del viernes en las calles para repudiar el hermetismo que rodea al proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Sin embargo, los manifestantes dejaron en claro que no están en contra del proyecto, pero sí cuestionan la falta de información.
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Durante la marcha, hubo momentos de tensión entre manifestantes y los agentes policiales, quienes intentaron coartar la protesta.
Esto debido a que los automovilistas que circulaban en la zona quedaron atrapados en largas filas. Sin embargo, varios de ellos se sumaron al reclamo popular con bocinazos.
El fiscal Jorge Escobar y el Crio. Gral. Gustavo Barrios, director de Policía de Central, indicaron que su presencia fue a los efectos de garantizar el respeto al derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito.
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El proyecto de autopista elevada
El proyecto de autopista elevada, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tiene un costo estimado de 180 millones de dólares. Las obras estarán a cargo del consorcio Rutas del Este, conformado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A, del senador Luis Petengil (ANR-FR).
El proyecto afectaría la ciclovía Valois Rivarola y la histórica Estación del Ferrocarril, llegando hasta la avenida Ñu Guasu y la autopista Silvio Pettirossi. A su paso, existen clubes sociales y deportivos e instituciones educativas como por ejemplo el colegio San Martín de Porres y la escuela Héroes Luqueños— así como el funcionamiento de una Junta de Saneamiento, que distribuye agua potable a más 3.500 usuarios.
Tras los reclamos de más información, incluso la concejal luqueña Belén Maldonado (PLRA) tuvo un encontronazo con Santiago Peña debido al hermetismo estatal, se han desarrollado jornadas de socialización en Luque, Areguá e Itauguá, pero los vecinos sostienen que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.