Tras reunirse con la comisión “antimafia de los pagarés”, la ministra de Salud, María Teresa Barán, reveló que 2.700 funcionarios enfrentan procesos judiciales: 930 por prestación alimentaria y 1.770 por embargos salariales. Anunció medidas administrativas para evitar que los descuentos afecten la totalidad del sueldo.
La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva, denominada “Mafia de los pagarés”, recibió a la ministra de Salud, María Teresa Barán. En declaraciones a los medios de prensa, reveló que unos 2.700 funcionarios enfrentan procesos judiciales, de los cuales 930 son por juicios de prestación alimentaria y otros 1.770 en concepto de embargos salariales.
La ministra de Salud reconoció que la cartera de Estado que dirige es una de las instituciones más afectadas. “Realmente para nosotros es una oportunidad para dar soluciones definitivas”, indicó.
Afirmó que si bien muchas veces los descuentos surgen por órdenes judiciales y el Ministerio de Salud no tiene otra opción que cumplir con el embargo del 25% permitido por ley. Sin embargo, anunció que existen otras medidas que tomarán para salvaguardar el bienestar del personal de salud pública donde las personas más afectadas son enfermeras, técnicos y el personal de apoyo.
Entre las disposiciones anunciadas, se brindará capacitación en educación financiera a los funcionarios y se les informará que tienen la posibilidad de revocar los descuentos voluntarios, es decir, aquellos autorizados por decisión propia. “Vamos a seguir trabajando e informando, porque muchas veces los funcionarios ni siquiera saben que tienen esa opción”, señaló la ministra.
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También alertó sobre la duplicación de descuentos en casos donde el mismo embargo se aplica en diferentes instituciones, como el Instituto de Previsión Social (IPS) o la Universidad Nacional de Asunción (UNA). “Debemos buscar la manera de interconectarnos para evitar estos descuentos dobles”, indicó.
Respecto a los procesos judiciales, adelantó que se trabajará caso por caso, con asesoría jurídica y apoyo de la Dirección de Giraduría del Ministerio, para gestionar la suspensión de embargos cuando sea posible.
Reconoce el problema, dice Filizzola
El senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión “antimafia” de los pagarés, calificó de positiva la reunión con la ministra y dijo que conoce el problema y persiguen los mismos objetivos: “Ella reconoce el problema. Estamos en la misma línea: buscamos transparencia, que el personal sepa qué se le está descontando y que se respeten los límites legales”, expresó.
Filizzola insistió en que los descuentos judiciales no deben exceder el 25% del salario, y defendió el derecho del trabajador a revocar autorizaciones de descuento abusivas, que en muchos casos son utilizadas por asociaciones o entidades financieras sin controles adecuados.
Finalmente, anunció que la próxima semana convocan al presidente de Instituto de Previsión Social (IPS), al decano de la Facultad de Medicina y a representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF). “Tenemos una agenda importante aún por cerrar, pero se sigue trabajando a nivel técnico”, concluyó el parlamentario.