La nueva ley busca frenar los abusos de la mafia de los pagarés, aunque deja fuera al BNF, uno de los entes señalados en el escándalo.
El Senado sancionó una ley que establece límites a los embargos salariales que afectan a funcionarios públicos endeudados. La normativa, impulsada como respuesta a la llamada “mafia de los pagarés”, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, aunque generó controversias por excluir al Banco Nacional de Fomento (BNF) del alcance de la medida.
La iniciativa fue aprobada en sesión ordinaria con base en la versión modificada por la Cámara de Diputados, a pedido de comisiones lideradas por legisladores del movimiento Honor Colorado. El texto final busca proteger la estabilidad económica de los funcionarios que, en los últimos años, se vieron expuestos a esquemas de cobro abusivos promovidos por casas comerciales, juzgados y empresas de cobranzas.
MAFIA DE PAGARÉS: «SANCIONARÁN LEY TENDIENTE A COMBATIR EMBARGOS SALARIALES»
A criterio del senador @FilizzolaRafael, la mejor versión del proyecto de Ley que busca poner límites a embargos y descuentos salariales en el marco de la «Mafia de los Pagares» es la del Senado, aunque… pic.twitter.com/y0qeHIAxrW
— Agenda Paraguay (@agparaguay) October 8, 2025
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la ley garantiza que ningún funcionario público vea comprometido más del 50% de su salario en descuentos por créditos o embargos. Según el legislador, la regulación apunta a “restablecer un equilibrio justo entre las deudas y la capacidad real de pago del trabajador”.
Sin embargo, la discusión se tensó cuando el senador Rafael Filizzola (PDP), titular de la comisión que investiga la mafia de los pagarés, advirtió que el BNF quedó excluido de la ley. Recordó que la entidad estatal fue cuestionada por su vínculo con Walton Pagos, una empresa que intermedia en operaciones de descuento y pertenece a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
El texto sancionado detalla que los descuentos compulsivos no podrán superar el 50% de los ingresos mensuales y solo serán válidos si están autorizados por el funcionario, canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales reconocidos. La medida pretende evitar los embargos masivos que, en varios casos, dejaron a trabajadores públicos sin ingresos suficientes para sostener a sus familias.
Los proyectistas recordaron que la Constitución Nacional garantiza el derecho a una remuneración digna, en línea con los artículos 92 y 102, que obligan al Estado a proteger los salarios frente a abusos. De este modo, el Senado busca que las deudas no se conviertan en una herramienta de extorsión o dominación financiera dentro del sistema público.
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Aun así, la exclusión del BNF genera dudas sobre la verdadera efectividad de la ley. La falta de control sobre las operaciones de esa entidad, vinculada a algunos de los casos más emblemáticos de la red de pagarés, podría limitar el alcance del cambio legislativo y dejar un flanco abierto en la lucha contra este tipo de esquemas.
El Poder Ejecutivo deberá ahora decidir si promulga o veta parcialmente la ley. De confirmarse su aprobación, se abrirá una nueva etapa en la regulación de los descuentos salariales, aunque el debate sobre el papel del BNF promete seguir ocupando la agenda política y judicial del país.
Fuente: ABC Color