Investido con la chilaba amarilla de la realeza alauí, Mohamed VI ha dirigido en la tarde de este viernes al Parlamento y al Gobierno un mensaje en el que ha apelado a reforzar la justicia social y territorial tras la reciente ola de protestas de los jóvenes marroquíes, la más amplia en dos décadas. “No se trata de un lema vacío o de una prioridad de momento, sino de una orientación estratégica (de la monarquía a los poderes públicos) que requiere de todas las energías y en la que todos deben implicarse”, advirtió el soberano en el discurso de apertura del año parlamentario, en el que suele expresar directrices a los programas de los poderes públicos. El movimiento GenZ 212, que ha pilotado la revuelta de la llamada generación Z desde finales del pasado septiembre, suspendió sus movilizaciones en coincidencia con la alocución del rey, a quien ha presentado directamente sus reivindicaciones de mejora de la sanidad, la educación y lucha contra la corrupción, después de reclamar la dimisión del primer ministro, el liberal Aziz Ajanuch.
Aclamado por miles de personas –en un despliegue de movilización ciudadana con escasos precedentes en Rabat–, a lo largo de su recorrido desde el palacio real hasta la sede del Parlamento –desde cuyo balcón saludó con gestos contenidos a la multitud–, el monarca no ha respondido en su discurso directamente a las reivindicaciones de los jóvenes, aunque sus palabras han reflejado que se hacía eco de las expectativas depositadas en su figura, como clave de la cúpula del poder en Marruecos.
Mohamed VI recordó a parlamentarios y ministros que se abre el último año de una legislatura iniciada en 2021 y que, si no se produce un adelanto electoral, debe concluir en 2026. Los analistas de la prensa marroquí exponen, mientras tanto, las alternativas que ofrece el marco constitucional al jefe del Estado para un poner fin al mandato del Gabinete o para forzar la disolución del Parlamento.

Por ahora, el rey se ha limitado a establecer la directriz de que “no debe haber contradicción ni rivalidad entre los grandes proyectos nacionales”, como la construcción de estadios de fútbol y de grandes infraestructuras para la Copa de África de Naciones, que se inicia en diciembre, o el Mundial de 2030 (coorganizado con España y Portugal) y los programas sociales. Mohamed VI aludió así a la reforma de la educación y la sanidad públicas, cuyo estado precario han denunciado los jóvenes en manifestaciones por todo el país.
“Debe prestarse especial atención al apoyo ciudadano y a la comunicación sobre las iniciativas de las autoridades públicas”, enfatizó el soberano en una velada admonición al Ejecutivo, “así como sobre las diversas leyes y decisiones, en particular las directamente relacionadas con los derechos y libertades”.
Las quejas por las restricciones a la libertad de expresión y manifestación han quedado plasmadas en el memorial de agravios enviado desde las redes sociales al rey por los jóvenes de GenZ 212 tras puentear al Gobierno y a las cámaras legislativas. Ha sido, sin embargo, mucho más explícito al instar a la “creación de oportunidades de empleo para los jóvenes” y a impulsar “los sectores de la enseñanza y la sanidad”.
Como ya invocó en su anterior discurso a la nación, el pasado mes de julio con motivo del 26º aniversario de su llegada al trono, ha llamado este viernes a “garantizar que los frutos del crecimiento benefician a todos (…) en igualdad de derechos políticos, económicos y sociales”, y evitar que se consolide un “Marruecos de dos velocidades” entre territorios desarrollados y atrasados.
“La doble dimensión de justicia social y lucha contra las desigualdades territoriales está lejos de ser un eslogan vacío o una prioridad a corto plazo”, reiteró el monarca de la dinastía alauí, quien definió este mensaje como “una directriz estratégica”.
Sin citar expresamente las exigencias de los jóvenes en contra de la corrupción y el nepotismo en la Administración, Mohamed VI ha reclamado “un cambio significativo de mentalidad y métodos de trabajo, así como una cultura de resultados arraigada” entre los poderes públicos.
Finalmente, se apartó del guion al exhortar a “desarrollo de las zonas montañosas, que cubren el 30% del territorio nacional”, tras las protestas convocadas por los damnificados por el terremoto que sacudió el Alto Atlas hace dos años, que causo daños en más de 60.000 viviendas, de las que una gran parte siguen sin haber sido reconstruidas.

El mensaje del rey, a quien los jóvenes de la generación Z han excluido de las responsabilidades que achacan al Gobierno, tendría que ponerse en práctica y obtener recursos presupuestarios. La ministra de Economía y Finanzas, Nadia Alaui, aseguró en la noche del jueves en el curso de una recepción en la Embajada de España en Rabat que Marruecos cuenta con recursos para poder atender las reclamaciones sociales y proseguir al mismo tiempo con el desarrollo de grandes infraestructuras ante el Mundial de Fútbol de 2030.
Tres manifestantes muertos
Pero además de un mayor gasto social, los jóvenes menores de 30 años que se han manifestado durante cerca de dos semanas en las principales ciudades del país magrebí exigen también la puesta en libertad de los detenidos en las protestas y una rendición de cuentas al poder. En la vecina ciudad de Laqliaa, próxima a Agadir (sur) murieron tres manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad en el intento de asalto a un puesto policial. Un centenar de jóvenes sigue en prisión a la espera de juicio en todo el país, mientras más de 250 han quedado en libertad provisional, pendientes también de un proceso penal.
“Exigir al jefe del Estado que destituya al jefe del Gobierno, como piden los manifestantes, no está contemplado en la Constitución”, advierte Abderahim el Allam, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Marraquech, citado por el semanario Tel Quel. El soberano puede disolver el Parlamento, lo que implica que el primer ministro quede en funciones a la espera de un adelanto electoral, pero no puede despojarle de su cargo. Cabe además la dimisión del Gobierno, lo que puede suscitar un choque con el monarca, que ostenta prerrogativas constitucionales ejecutivas y designa directamente a los llamados ministros de soberanía, como Interior, Relaciones Exteriores o Asuntos Religiosos.