El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé firmar este lunes el contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, con el Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA (Brasil), SEMISA Infraestructura SA (Argentina) y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA.
Esto se dará tras la conformación de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, paso previo a la firma contractual, según informó a ABC el titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, Amílcar Guillén.
El proyecto, que constituye la segunda obra adjudicada bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) —la primera fue la duplicación de la ruta PY02—, contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 428 millones, que el grupo adjudicado deberá conseguir en el mercado financiero nacional e internacional. Además, incluye el mantenimiento ordinario y mayor durante los 30 años de concesión.
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“El martes pasado debía realizarse el desembolso de los bancos privados para el capital de la SOE. Estamos trabajando para firmar el contrato el lunes”, informó Guillén a ABC.
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Consultado sobre qué bancos locales financiarán el capital inicial del consorcio, señaló que el grupo aún no comunicó oficialmente esa información al MOPC, aunque indicó que estaban trabajando con el Banco Continental para este fondeo. “Hay que recordar que son US$ 20 millones el capital a integrar para constituir la SOE. Luego, el capital total exigido es de US$ 80 millones”, explicó.
Operación inicial y cronograma
Guillén explicó en su momento a este diario que, una vez firmado el contrato, el consorcio asumirá la “operación transitoria de la infraestructura existente”, que implica intervenciones rápidas y una puesta a punto de los tramos 1.1 al 1.3 (Cuatro Mojones–Ytororó).
Destacó que la propuesta es que, en el primer semestre del próximo año, ya se realicen intervenciones en los primeros tramos y que, a partir del tercer mes de la firma del contrato, se inicie la puesta a punto, ya que el consorcio toma automáticamente la infraestructura.
Asimismo explicó que la presentación del Proyecto Constructivo final para los tramos 1.1 y 1.3 —entre Cuatro Mojones e Ytororó— está prevista para mayo de 2026, mientras que la entrega del diseño completo para todos los demás tramos, para noviembre del mismo año.
Financiamiento de más de US$ 400 millones, el gran desafío
Aunque la adjudicación ya está hecha y se prevé la firma del contrato este lunes, el consorcio tendrá un plazo de 17 meses, contados desde la firma, para lograr el cierre financiero, es decir, asegurar la financiación de los más de US$ 400 millones necesarios para la ejecución plena de la obra. Con este cronograma, el cierre financiero se alcanzaría recién en mayo de 2027.
“En la ruta PY01 no se exigieron cartas de bancos, como en la APP de la ruta PY02. El cierre financiero es un riesgo exclusivo de la SOE”, recordó Guillén.
Para la primera fase —que incluye trabajos en los tramos 1.1 y 1.3, fiscalización, pólizas y puesta a punto— se estima que el consorcio deberá movilizar alrededor de US$ 40 millones, provenientes de capital propio (equity) y de financiamiento de bancos locales.
En cuanto al financiamiento internacional, explicó que el BID Invest manifestó interés en el proyecto. Sobre la liberación de la franja de dominio, Guillén aclaró que el trabajo será conjunto: “Es un riesgo compartido. El Estado finalmente paga, pero ellos (el consorcio) adelantan los trabajos iniciales de liberación”.
Según datos preliminares, un total de 1.680 inmuebles serán afectados por las obras de mejoramiento y duplicación de la ruta PY01. Solo en expropiaciones, el Estado prevé gastar casi US$ 60 millones, de acuerdo con datos oficiales.
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Obras de envergadura recién en 2027
Aunque habrá intervenciones de puesta a punto en 2026, la duplicación completa de la ruta —el tramo Ytororó–Paraguarí, su mejoramiento hasta Quiindy, los pasos a desnivel y las nuevas circunvalaciones— solo podrán iniciarse una vez logrado el financiamiento mayor, previsto para 2027.
Por esta razón, las obras de gran envergadura de esta segunda APP se iniciarían recién en el segundo semestre de 2027, siempre que la empresa logre conseguir la financiación.
El adjudicado propuso un Pago Diferido de Inversión (PDI) de US$ 24.077.936, IVA incluido, que el Estado deberá reembolsar a largo plazo por la financiación de la obra. Este monto será abonado de forma semestral durante 15 años, junto con los pagos previstos por mantenimiento (Pago por Disponibilidad o PPD) y niveles de tráfico (Pago Variable del Tráfico o PVT). Con este esquema, la empresa podría percibir más de US$ 1.300 millones a lo largo de los 30 años de concesión.