Myanmar anunciará esta semana los resultados de las primeras elecciones organizadas por la junta militar desde el golpe de Estado de 2021. El proceso, repartido en tres fases entre diciembre y enero, se ha celebrado en medio de un clima de represión, exclusión política y violencia armada, y ha sido ampliamente cuestionado por la oposición y la comunidad internacional. “Sabíamos quién ganaría incluso antes de que comenzaran [los comicios]”, escribe a través de una aplicación de mensajería cifrada Mya Mya, de 34 años, residente en Yangón, la ciudad más grande del país. “Llamaron a mi puerta. Temía que si no votaba le pasara algo a mi familia”, confiesa.
El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), alineado con las autoridades castrenses que gobiernan la antigua Birmania desde la asonada, se impuso con holgura en las dos primeras etapas de las elecciones (28 de diciembre y 11 de enero) y acumula escaños suficientes para asegurarse la mayoría parlamentaria y formar gobierno, según han informado medios locales tras la última jornada de votaciones, celebrada el 25 de enero.
Mya Mya no se identifica con su nombre real por miedo a represalias. Mide lo que escribe y tarda en responder. Pero insiste en tres ideas: “En Myanmar no hay libertad ni futuro. Todo se echó a perder. Las elecciones no van a revertir esta triste situación”. En julio, el régimen aprobó una ley que penaliza con largas condenas en prisión e incluso la pena de muerte aquellos actos considerados críticos con el proceso electoral. Según datos recopilados por el medio independiente Democratic Voice of Burma, al menos 404 personas han sido procesadas en virtud de esa ley.
La junta ha promocionado los comicios como una oportunidad para la reconciliación. Sin embargo, los partidos que en las elecciones de 2020 concentraron cerca del 90% de los escaños han quedado excluidos de las papeletas, según la Red Asiática por unas Elecciones Libres. “El resultado que realmente importa es la respuesta de la comunidad internacional”, aseveró la semana pasada Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Myanmar. “La aceptación internacional de este ejercicio fraudulento supondría un retroceso en cualquier posibilidad de alcanzar una resolución genuina de esta crisis”, agregó.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha confirmado que no certificará las elecciones, al determinar que no cumplen con las condiciones fijadas por el bloque en octubre para que fuesen creíbles. El líder birmano, el general Min Aung Hlaing, rechazó el domingo durante una visita a un colegio electoral “esa perspectiva”. “La gente que vive en Myanmar es quien vota. No los de fuera”, declaró. “El voto del pueblo es el reconocimiento que necesitamos”, recogieron medios afines a su Gobierno.
La arquitectura del proceso refuerza claramente el peso del estamento militar. La Constitución vigente, redactada en 2008 durante la etapa anterior de Gobierno castrense, reserva el 25% de los escaños de las Cámaras Alta y Baja a oficiales del Ejército no elegidos por sufragio, lo que garantiza a las Fuerzas Armadas una influencia decisiva en la vida política. Será la mayoría conjunta de ambas cámaras la que elija al presidente ―previsiblemente será Min Aung Hlaing― una vez que el Parlamento se constituya en marzo.
La participación ―del 52% en la primera fase y del 56% en la segunda, según datos oficiales― ha sido significativamente más baja que en las elecciones de 2020 y 2015, en las que rondó el 70%.
Las votaciones han quedado restringidas a zonas bajo control efectivo del Ejército (que en diciembre de 2024 abarcaban solamente el 21% del país), y unos 7,5 millones de personas no han podido ejercer su derecho a voto, según cálculos del Consejo Asesor Especial para Myanmar, un grupo independiente de expertos. Pero incluso en algunos municipios controlados por la junta, las autoridades han suspendido las elecciones por motivos de seguridad. Amnistía Internacional denunció en 2025 que los ataques aéreos iban en camino de alcanzar un número récord en comparación con cualquier año desde el golpe de Estado.
El trasfondo de los comicios es una guerra civil que estalló tras la asonada militar del 1 de febrero de 2021 y que sigue activa. La sublevación militar contra el Gobierno de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, galardonada en 1991, desencadenó protestas masivas y un movimiento de desobediencia civil que pedía la liberación de los principales líderes democráticos. Aquellas manifestaciones fueron reprimidas con una violencia que, según Naciones Unidas, dejó miles de civiles muertos y decenas de miles de detenidos. Parte de ese movimiento de resistencia civil contra el Ejército se militarizó y terminó coordinándose con grupos étnicos que luchaban desde hacía décadas en los estados fronterizos. El país lleva sumido en una profunda espiral de violencia desde hace prácticamente un lustro.
El Ejército justifica el golpe por las elecciones de 2020, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi. La activista, de 80 años, lideró durante dos décadas el movimiento democrático que surgió contra la dictadura que gobernó Birmania durante medio siglo (1962-2011). La LND había ganado por mayoría aplastante los comicios celebrados en 2015, los primeros de la era democrática, que inauguraron un periodo de esperanza. Con el inicio de la transición, Myanmar abrió sus mercados y facilitó la entrada de inversión extranjera, lo que contribuyó a mejoras económicas y sociales. Según el Banco Mundial, el índice de pobreza se redujo de cerca del 48% en 2005 al 24,8% en 2017.
Suu Kyi se encuentra encarcelada desde febrero de 2021, y ha sido condenada a 33 años de prisión en una sucesión de procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos consideran políticamente motivados y carentes de garantías judiciales.
El conflicto bélico se ha extendido desde hace casi cinco años por gran parte del país y ha fragmentado el control territorial del Estado. En las regiones dirigidas por la junta militar, la disidencia ha sido muy perseguida y prácticamente erradicada. Más de 22.700 personas continúan encarceladas por motivos políticos, de acuerdo con la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que monitorea la situación.
Naciones Unidas estima que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población birmana necesita ayuda humanitaria. La inestabilidad política y la violencia han generado desde 2021 una drástica caída de la inversión extranjera directa, lo que también ha provocado una grave crisis financiera.
La situación se agravó el año pasado, después de que un terremoto de magnitud 7,7 azotara el centro-norte del país y dejara un saldo de más de 3.000 fallecidos y decenas de miles de heridos. Diversos organismos internacionales calculan que el seísmo afectó a más de 17 millones de personas (la población de Myanmar ronda los 55 millones) e intensificó la ya de por sí severa crisis humanitaria, al dificultar la llegada de ayuda, dañar infraestructuras clave y empeorar las condiciones sanitarias y de seguridad alimentaria.