Luis Villalba, funcionario municipal de Ñemby, acusado de apropiarse de G. 214 millones para obras. Exhibía opulencia en redes mientras fondos no llegaban a destino.
La Contraloría Ciudadana de Ñemby presentó una nueva denuncia por lesión de confianza y apropiación contra la administración del intendente Tomás Olmedo. El caso involucra a Javier Luis Villalba Báez, funcionario municipal y exintegrante de la comisión de Obras, quien habría cobrado G. 214.204.200 destinados originalmente a la Comisión Vecinal Pro Empedrado San Francisco. La modalidad empleada consistiría en que funcionarios comunales interceptan cheques millonarios dirigidos a obras vecinales, haciéndose pasar por miembros de comisiones barriales.
El esquema denunciado revela que el cheque fue endosado por la Comisión Vecinal Pro Empedrado San Francisco a favor de la empresa Mbarete Impor Export, pero terminó en manos del funcionario municipal. Villalba Báez exhibía en sus redes sociales fotografías con dólares, vehículos y otros elementos de opulencia, contrastando con la ausencia de las obras prometidas a la comunidad. Esta ostentación pública evidenciaría el desvío de fondos públicos hacia beneficios personales del funcionario.
Fuerte denuncia en Ñemby ☝
Funcionario municipal de Ñemby habría cobrado millonario cheque destinado a comisiones vecinales para reparación de empedrados.
(Vía Ñemby Noticias) pic.twitter.com/ZqoAVSV5UR
— Ariel Basualdo (@aisman6) May 25, 2025
Los antecedentes del caso fueron suministrados al Juzgado de Sentencia N°7 de Capiatá, bajo la jurisdicción del juez Rodney Ramiro Rejalaga. La información surgió durante el proceso judicial iniciado por Olmedo contra Agustín Scorza, director de un medio de comunicación local, por supuestas calumnias y difamación tras revelar casos de corrupción municipal que superarían los G. 600 millones.
La Contraloría Ciudadana identificó irregularidades graves en el proceso de rendición de cuentas de la comisión vecinal. La entidad presentó únicamente la documentación correspondiente a ingresos, omitiendo la justificación de gastos con facturas legales. Esta omisión no solo constituye una irregularidad administrativa sino que facilitaría la evasión impositiva por parte de la empresa adjudicada para ejecutar las obras.
La asociación civil determinó que los hechos investigados podrían configurar múltiples delitos: lesión de confianza, apropiación indebida, abuso de funciones públicas, malversación de fondos, tráfico de influencias y asociación criminal. La gravedad de las acusaciones se suma al prontuario de denuncias que enfrenta la administración de Olmedo, incluyendo casos que involucran a otros funcionarios de alto rango.
La Cámara de Diputados mantiene encajonada la solicitud de intervención y destitución de Olmedo, situación que se replica en una decena de comunas bajo administración colorada. Esta protección política se extiende a pesar de las múltiples denuncias de irregularidades que incluyen un caso de presunto abuso sexual de menores, el cual el intendente niega categóricamente y atribuye a maniobras de sus adversarios políticos.
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El caso de Hugo Del Valle, exdirector de Obras, y Marcos Meza, responsable financiero municipal, ejemplifica la magnitud de las irregularidades investigadas. Ambos funcionarios están bajo investigación por un llamado para mejoras viales con doble remuneración, donde el daño patrimonial calculado alcanza G. 700 millones. Olmedo insiste en que todas las acusaciones forman parte de una vendetta política orquestada por sectores disidentes de su administración.
El blindaje político del intendente se mantiene a través del apoyo del comando de Honor Colorado y la bancada oficialista en Diputados. Esta protección llega al punto de que su reelección es considerada viable por el cartismo, como lo demuestra su reciente reunión con Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso.
Fuente: LPO/Ñemby Noticias