A las 9 de la mañana de este martes, Carlos Pereira, interventor designado por el Poder Ejecutivo para la Municipalidad de Asunción, asumirá oficialmente, con lo que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quedará temporalmente apartado. Pereira tendrá 60 días y, según él explicó a ABC Cardinal, en ese tiempo deberá analizar las 6 observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) que motivaron el pedido de intervención. Detalló que solo en caso extraordinario, de encontrarse nuevas irregularidades, estas serán expuestas.
En su pedido de intervención, aprobado por la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República se remite al informe que el organismo contralor emitió el año pasado, tras analizar la ejecución de los fondos provenientes de la emisión de los bonos G8, que eran para obras que no se ejecutaron, y G9, que eran para pagar los intereses de los bonos anteriores.
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La Contraloría señaló que la administración de Rodríguez utilizó un mecanismo ilegal, la cuenta única, para desviar el dinero de los bonos, violando prohibiciones expresas que rigen la gestión presupuestaria y financiera de las municipalidades. Además, dijo que no se ejecutaron las obras de infraestructura invocadas para obtener el financiamiento a través de los bonos.
También denunció que se utilizaron recursos de los bonos, sin registrar la ejecución ni la obligación de las obras, pero que quedaron en evidencia a través del movimiento de cuentas bancarias. Además, dijo que se destinó recurso proveniente de crédito público para financiar gastos corrientes, por valores millonarios. Todo esto, se suma a la falta de remisión de documentación de respaldo de estas erogaciones a la Contraloría.
El informe de la Contraloría que motivó el pedido de intervención de la gestión de Rodríguez confirmó el desvío de unos G. 500.000 millones en bonos para obras, usados en gastos corrientes, denunciado por ABC. Mientras tanto, su administración se encuentra en quiebra técnica, según concejales opositores. Este mes no pagó a tiempo el salario de los funcionarios. Nenecho también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro”.
Nenecho usó los bonos para gastos corrientes
La primera observación de la Contraloría a la utilización de los bonos G8 y G9 hace referencia, precisamente, a la utilización de G. 492.000 millones de la denominada “cuenta única municipal” para el pago de gastos corrientes. Según la Contraloría, Rodríguez no adjuntó los documentos de respaldo ni detalló el origen de los fondos, algo a lo que está obligado por el artículo 197 de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal.
En el documento, la Contraloría citó el memorándum N° 1231 de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de la Municipalidad, en el que se explicaba que de ese monto, G. 287.000 millones fueron destinados a diferentes servicios de la comuna. Entre ellos, se cita mantenimiento de vehículos, combustibles, alquiler de vehículos, cubiertas, seguros, entre otros.
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En tanto, otros G. 50.000 millones fueron a cubrir el costo de “inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura”. Agregan que otros G. 155.000 millones fueron destinados al “pago de capital e intereses de los bonos”.
En su informe, el organismo de control recuerda que el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. El mismo artículo define como crédito público “la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia, restaurar su organización o refinanciar pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos”.
“Rescate” en condiciones menos favorables
La segunda observación de la Contraloría señala que en la emisión de los bonos G9, por G. 195.000 millones, para la reestructuración y refinanciación de bonos anteriores, se recurrió a una tasa nominal de 16,8 %, que resulta significativamente más alta que la de los bonos rescatados.
La Contraloría dice que “los títulos de deuda emitidos para la reestructuración y refinanciación de la deuda pública no se efectuaron en condiciones más favorables”. Agrega la Contraloría que, de los G. 195.000 millones prestados, la comuna deberá pagar G. 421.898 millones, de los que G. 226.898 millones -el 54% del total- corresponden a los intereses.
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La operación es contraria a lo que establece la ordenanza 28/22 que autorizaba a Rodríguez a reestructurar y refinanciar la deuda pública. Mediante el rescate de los bonos G3, G4, G5 y G6, la ordenanza establecía que debía hacerse en “condiciones más favorables y ventajosas en relación con las emisiones anteriores”.
La Contraloría señaló entonces que la operación de reestructuración de la deuda pública municipal terminó impactando de forma negativa en el patrimonio de la comuna. Agregan que, pese a que la propia DGAF advertía que “los egresos municipales han crecido sostenidamente (…) ocasionando un descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias”, no se previó un plan de acción que asegure el aumento de la recaudación, ni la reducción de gastos y costos operativos.
Diferencias contables
En su informe de julio de 2024, la Contraloría reportó diferencias entre los saldos contables y los extractos bancarios de las cuentas destinadas a los bonos G8. En la tercera observación, se señala una “diferencia de G. 20.100 millones entre el saldo contable y el saldo detallado en el extracto bancario y la conciliación bancaria de la cuenta habilitada para la administración de los Bonos G8, la Cuenta Corriente N° 100121407, al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Asimismo, la cuarta observación señala que en el extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los fondos obtenidos de la emisión y colocación de bonos G8, se constataron operaciones de débito durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023 por un total de G. 499.951 millones . Sin embargo, el Municipio informó que, al cierre del ejercicio fiscal 2023, no se realizó obligación ni pago al respecto.
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El informe de la Contraloría señala como quinta observación una diferencia de G. 162.000 millones entre el saldo inicial de caja, “Recursos de Crédito Interno Bonos G8” de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, y el saldo inicial registrado en el Extracto Bancario de cuenta corriente habilitada para la administración de los recursos, en el ejercicio fiscal 2023.
La sexta observación de la Contraloría hace referencia a la construcción del desagüe pluvial de la cuenca Itay y Lambaré, que en el ejercicio fiscal 2023 establecía que serían utilizados G. 136.171 millones provenientes de los bonos G8. El monto es muy superior, señala la Contraloría, a los G. 75.000 millones que establece el proyecto de inversión aprobado en la ordenanza municipal N° 28/22. La diferencia es de G. 61.171 millones.
Dinero de los bonos sigue desaparecido
En el informe de gestión del primer cuatrimestre de 2025, persiste un faltante de G. 405.962 millones, diferencia entre el saldo inicial contable de los bonos, de G. 410.688 millones, y los G. 4.725 millones que aparecen en las cuentas bancarias destinadas a estos fondos.
En el informe de gestión se registró la sospechosa reaparición de G. 3.921 millones en las cuentas de los bonos. A esto se suma una diferencia notable entre el saldo contable de los bonos al cierre de 2024, con G. 506.737 millones y el saldo inicial al primer cuatrimestre de 2025, con G. 410.688 millones. La reaparición del dinero en las cuentas bancarias coincidió además con el retraso en el pago de salarios de mayo.
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Llamativamente las cuentas bancarias destinadas a los bonos G6 (2020) y G7 (2021), emitidos por G. 100.000 millones y G. 200.000 millones respectivamente, ya no existen en los balances contables. Mientras tanto, obras comprometidas con ese dinero no existen -el mirador de Itapytapunta, por ejemplo- o siguen inconclusas -la plaza Naciones Unidas-.
El director de Comunicación de la comuna, Luis Trigüis, dijo ayer lunes que al rededor de las 9 de la mañana, en un acto protocolar, asumirá Carlos Pereira como interventor, momento a partir del cual Rodríguez quedará apartado temporalmente. Señaló que todos los directores estarán a su disposición para realizar el proceso de análisis de la situación de la comuna, en referencia a las observaciones de la Contraloría, a la par de mantener la operatividad de la institución.
Los seis puntos de análisis
- La administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) pagó G. 492.000 millones de gastos corrientes, bajo la modalidad de la “cuenta única“, sin documentación ni detalles del origen de los fondos.
- La Municipalidad emitió los bonos G9 por G. 195.000 millones para reestructurar deuda pública a una tasa nominal más alta (16,8%) que la de los bonos rescatados.
- Diferencia de G. 20.100 millones entre saldo contable y extracto bancario en cuenta corriente de los bonos G8, al cierre de 2022.
- Débitos por G. 499.951 millones de cuenta de los bonos G8 entre 2022 y 2023, pero la comuna niega pagos u obligaciones al cierre de 2023.
- En 2023, hay una diferencia de G. 162.000 millones entre el saldo inicial de caja de “Recursos de Crédito Interno Bonos G8” y el extracto bancario.
- En 2023, la Municipalidad contrató por G. 136.171 millones la construcción del desagüe pluvial Itay y Lambaré (Mercado de Abasto) con fondos de los bonos G8, excediendo en G. 61.171 millones lo aprobado en la ordenanza 28/2022 (G. 75.000 millones).