11 de noviembre de 2025 – 19:22
Tras la sesión extraordinaria del estudio del Presupuesto de Gastos de la Nación 2026, la Cámara de Diputados se vio obligada esta tarde a tratar a las apuradas varios proyectos que quedaron pendientes por falta de quorum en la ordinaria, debido a que había cinco proyectos con inminente sanción ficta.
Primeramente aceptaron el veto del Ejecutivo al proyecto que “establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones, por ser sedes distritales de los monumentos construidos por los jesuitas”.
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La Cámara Alta se había ratificado en este proyecto impulsado por el senador cartista Derlis Maidana, pero con la disidencia con Diputados, queda firme el veto y pasa al archivo.
Por otra parte, la Cámara Baja se ratificó en el proyecto de ley que pretende modificar la Ley de “Hambre Cero” para destinar parte del presupuesto a alquiler o compra de transportes escolares. Vuelve a Senado, donde fue rechazado, para su último trámite.
También se ratificaron en la ley que creaba “la historia clínica electrónica y su registro”, es decir la digitalización de expedientes médicos. También vuelve a Senado, donde fue rechazado.
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Además se ratificó el proyecto que establece como hecho punible el ingreso de teléfonos celulares u otros objetos electrónicos (notebooks, tablets, cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior, así como tarjetas sim, enrutadores, antenas satelitales, adaptadores de red, cargadores, cables, etc.) en lugares de reclusión.
Actualmente no está castigado penalmente, sino que constituye una falta administrativa, sin embargo, el proyecto de ley (apoyado por el ministerio de Justicia) establece penas de cárcel de entre 2 a 7 años de prisión dependiendo del grado de implicancia del funcionario. También vuelve a Senado donde fue rechazado.
Por otra parte, se sancionó la versión Senado de la transferencia gratuita de un predio de la Gobernación de Amambay a la Universidad Nacional, filial Pedro Juan Caballero.
Sanción en general a riesgosa iniciativa
Ayer se aprobó en general y se postergó el estudio en particular del proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, que pretende que la Policía Nacional tenga acceso a filmaciones de cámaras de seguridad privadas. Se pidió más tiempo para analizar artículo por artículo.