El presidente Santiago Peña enfrenta una denuncia penal por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias.
Legisladores de la oposición formalizaron una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, a quien acusan de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder. La acción, presentada ante el Ministerio Público, busca que se investigue un presunto aumento patrimonial injustificado del mandatario y operaciones financieras que lo vincularían con contratos públicos irregulares.
El anuncio fue encabezado por el senador Rafael Filizzola, acompañado por la diputada Johana Ortega y otros referentes de la bancada democrática. Según la denuncia, Peña habría experimentado un incremento patrimonial de 1.603% entre 2017 y 2023, alcanzando más de G. 21.672 millones. Entre los bienes cuestionados se citan la compra de una camioneta Toyota Land Cruiser y un avión, cuya procedencia no estaría respaldada por documentos legales.
Opositores presentan denuncia penal contra Santiago Peña
La denuncia señala un incremento patrimonial del 1.603%, presuntos vínculos con empresas beneficiadas con fondos públicos y el testimonio de Luz Candado sobre sobres con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga.
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 2, 2025
Filizzola señaló además los vínculos del presidente con el Grupo Ueno, conglomerado financiero y empresarial del que formó parte hasta hace poco. De acuerdo con la acusación, la relación con esta firma se tradujo en operaciones con fondos públicos y contratos en áreas como tecnología 5G y equipamientos médicos.
Otro de los puntos resaltados en la denuncia es el presunto uso de vehículos y aeronaves de empresarios chinos que, posteriormente, se convirtieron en proveedores del Estado. El caso de la provisión de muebles por más de USD 32 millones fue mencionado como ejemplo de tráfico de influencias y beneficio privado.
La diputada Ortega, por su parte, hizo referencia a los sobres de dinero denunciados en Mburuvicha Róga. Según explicó, el uso de efectivo entregado en la residencia presidencial plantea dudas sobre la legalidad de los recursos y debería estar respaldado por movimientos bancarios si fuese legítimo.
Los opositores incluyeron además el señalamiento de vínculos financieros con empresas como Credicentro y Pasfin, esta última vinculada a investigaciones por narcotráfico en el caso conocido como Pavo Real. Según los denunciantes, la compra de acciones y bonos en estas entidades podría configurar un esquema de lavado de activos.
En cuanto a contratos públicos, el escrito resalta la adjudicación de más de 29 licitaciones a firmas vinculadas al mandatario, por un valor aproximado de G. 992.000 millones. Los legisladores argumentan que se habrían implementado cambios normativos para favorecer colocaciones en Ueno Bank, institución financiera de la que Peña formó parte antes de asumir la presidencia.
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La denuncia fue acompañada por los diputados Raúl Benítez y Johana Ortega, y los senadores Adrián Vaesken, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain, quienes coincidieron en que el Ministerio Público debe actuar de manera inmediata.
Con este escenario, el presidente Peña queda bajo la presión de una acusación política y judicial de gran magnitud. Resta observar si la Fiscalía General avanzará en la apertura de una investigación o si, como ocurre en otros casos, la denuncia quedará sujeta a los tiempos institucionales y a la disputa política en el Congreso.
Fuente: ÚH