La compra de dos radares GPR por G. 370 millones presenta objeciones por el precio referencial y por coincidencias técnicas con un único modelo del mercado.
La Policía Nacional podría acceder a nueva tecnología para detectar fosas, túneles y estructuras ocultas, pero la operación que impulsa la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Lado Paraguayo (FPTI-Py) abrió dudas desde el arranque. La compra de dos radares de penetración de suelo se mueve fuera del mecanismo establecido por la Ley 7021/2022, lo que ya genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El proyecto avanza mediante un concurso limitado acordado entre la fundación y el Ministerio del Interior. Ese convenio autoriza la entrega de equipamientos tácticos e infraestructura para distintas áreas, entre ellas Criminalística. Sin embargo, el pliego publicado para esta licitación encendió alertas en varias empresas, que detectaron condiciones poco claras y especificaciones que podrían favorecer a un modelo particular.
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La fundación fijó un presupuesto de 370 millones de guaraníes para las dos unidades, monto que rápidamente fue puesto en duda durante la ronda de consultas. Uno de los oferentes señaló que solo una unidad en el mercado ronda los 236 millones de guaraníes. Aun así, la FPTI-Py sostuvo que debía respetarse el precio referencial del pliego y no ofreció mayores argumentos para explicar la diferencia en los costos.

Las características técnicas solicitadas profundizaron las sospechas. Los proveedores advirtieron que las exigencias son casi idénticas a las del radar alemán OKM Gepard GPR 3D, desde la capacidad de identificar cámaras subterráneas y sepulturas hasta la profundidad de escaneo —de hasta 40 metros— y el diseño triangular con un rango de frecuencia similar al del modelo referido. Para algunos participantes, el nivel de coincidencia sugiere que la competencia podría estar limitada desde el principio.
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La primera apertura de sobres se realizó el 28 de noviembre y una segunda está prevista para el 18 de diciembre. Esa instancia definirá cuántas empresas siguen realmente en carrera y marcará el paso previo a la adjudicación final, según el calendario divulgado por la fundación.
Este proceso se suma a un historial de actuaciones que coloca bajo la lupa el manejo de fondos en PTI-Py. Durante la actual administración, la entidad ha ejecutado recursos provenientes de Itaipú sin someterse a los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ni de la Contraloría General de la República. Entre los precedentes figuran compras de patrulleras y motocicletas para la Policía Nacional. Se intentó obtener la postura del titular de la institución, Carlos Mercado, pero no respondió a las consultas.
Fuente: ABC Color