El presidente Santiago Peña autorizó una ampliación de G. 38 mil millones para la Corte Suprema, destinada a cubrir servicios y ajustes internos.
El presidente de la República, Santiago Peña, aprobó una ampliación presupuestaria de G. 38.180.500.000 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La medida fue oficializada mediante decreto, tras la solicitud presentada el mes pasado por el Poder Judicial y aprobada por el Congreso Nacional.
De acuerdo con lo informado por la CSJ, los recursos serán destinados a financiar servicios personales y no personales, así como la adquisición de bienes de consumo y la ejecución de obras de inversión física. El presidente de la Corte, César Diesel, explicó que los fondos provienen de recursos institucionales (Fuente 30) y que su uso es indispensable para cubrir compromisos pendientes ante la falta de créditos suficientes.
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La ampliación también responde a una reestructuración del anexo de personal, impulsada por la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN). Según Diesel, este ajuste permitirá equiparar funciones y fortalecer la operatividad de proyectos en curso, en línea con el aumento en la recaudación del Poder Judicial durante el ejercicio fiscal actual.
Por su parte, el director general de Administración y Finanzas, Mirko Duré, detalló que la modificación en la estructura interna incluye el traslado de cargos no utilizados. Mencionó como ejemplo los puestos de médicos forenses en Alto Paraná, que serán reorientados hacia profesionales psicólogos para reforzar el fuero de la Niñez y la Adolescencia.
El decreto presidencial establece que las autoridades de la Corte serán responsables por la inclusión en su presupuesto de programas y recursos que no se ajusten a los fines establecidos por ley, conforme al artículo 7° de la Ley N° 1535/1999 de Administración Financiera del Estado.
Desde el Poder Judicial justificaron la solicitud afirmando que la ampliación busca atender necesidades urgentes no contempladas en el plan financiero vigente. Con ello, la Corte Suprema pretende garantizar la continuidad de servicios esenciales y la ejecución efectiva de compromisos previamente adjudicados.
Fuente: ÚH