La Comisión Permanente del Congreso confrontó a la Corte Suprema por la demora en sumarios a abogados y la falta de respuestas para miles de víctimas de usura.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional mantuvo un encuentro con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue analizar el progreso de auditorías y sumarios administrativos. También se abordó la situación de las víctimas de la denominada mafia de los pagarés. Durante la sesión, los legisladores manifestaron su preocupación por la excesiva demora en los procesos de control.
La senadora Esperanza Martínez recordó que los pedidos de auditoría se realizaron originalmente en mayo. Sin embargo, las ejecuciones comenzaron seis meses después, entre los meses de noviembre y enero. Martínez cuestionó la falta de celeridad en los procedimientos institucionales. Según la legisladora, el sistema debe dar señales claras de funcionamiento para recuperar la confianza ciudadana.
Martínez enfatizó la vulnerabilidad de quienes sufren usura y falsificación de documentos. Señaló que muchas causas quedan sin investigar si no existe una denuncia formal o auditoría específica. Por ello, propuso realizar un inventario completo de los procesos judiciales. Se estima que existen más de 35.000 casos vinculados a este esquema de estafas masivas.
¿Cuál es la situación de los abogados sumariados?
La reclasificación de estos expedientes como delitos económicos es una de las propuestas principales. Esto permitiría una respuesta global y más efectiva por parte del sistema judicial. “Esto pasó por nuestras narices y no nos quisimos dar cuenta”, afirmó Martínez ante los ministros. La senadora lamentó que el esquema criminal operara en los juzgados de manera abierta y persistente.
#ABCNoticias #MafiaDeLosPagarés | Las víctimas del esquema de estafas conocido como La Mafia de los Pagarés manifestaron su desacuerdo con el informe presentado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión Permanente del Congreso.#ABCTVPy -… pic.twitter.com/VQDGyf3VIM
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) February 10, 2026
Uno de los puntos críticos fue la lentitud en los sumarios a profesionales del derecho. Martínez mencionó casos específicos de abogadas que seguirían operando a pesar de estar bajo investigación administrativa. Citó a Zully Ortiz y Lourdes Amarilla como ejemplos de esta situación de impunidad. La legisladora calificó como una “caradurez” que se permita continuar con las estafas durante los procesos de sumario.
El impacto emocional en las víctimas también fue expuesto en la reunión parlamentaria. Martínez relató testimonios de personas que enfrentan hasta 30 juicios por deudas insignificantes. Describió estas situaciones como una “condena perpetua” para ciudadanos que solo buscaban adquirir bienes básicos. La senadora subrayó que las historias recopiladas reflejan una realidad social devastadora y urgente.
¿Qué responde la Corte Suprema de Justicia?
La ministra Carolina Llanes justificó la demora inicial en las auditorías solicitadas. Explicó que los primeros pedidos carecían de detalles sobre las causas específicas a inspeccionar. No obstante, aseguró que existen tareas diarias impulsadas por el Consejo de Superintendencia. Llanes advirtió que no pueden suspender matrículas de abogados sin contar con fundamentos jurídicos sólidos.
Actuar sin el sustento adecuado podría exponer a los ministros a procesos por prevaricato. Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia admitió el daño a la imagen institucional. Reconoció que jueces y funcionarios facilitaron la materialización de estas estafas. El ministro diferenció entre las auditorías de gestión y los sumarios administrativos vigentes en la actualidad.
Datos oficiales: más de 200 sumarios en curso
Según el informe de la Corte Suprema:
- 10 magistrados sumariados, cuatro renunciaron posteriormente
- Dos magistrados con suspensión preventiva
- Una magistrada destituida por el Jurado de Enjuiciamiento
- 122 oficiales de justicia sumariados, 16 de ellos suspendidos
- 11 oficiales de justicia con sanciones de casación de matrícula, siete de ellos suspendidos
- 22 actuarios judiciales, nueve renuncias y dos destituciones
- 19 ujieres sumariados, ocho renuncias y una destitución
- 28 abogados sumariados, con sanciones que incluyen cancelación y suspensión de matrícula
Finalmente, el diputado Billy Vaesken cuestionó la credibilidad de la Corte tras una reunión reservada con el Ejecutivo. Criticó que dicho encuentro incluyera a líderes partidarios fuera del ámbito estatal. Vaesken sostuvo que estas acciones profundizan la desconfianza de las víctimas de la mafia de los pagarés. Instó a los ministros a resguardar la independencia de poderes para garantizar la justicia.
Fuente: ABC Color