La ley de Reforma del Transporte Público de Pasajeros, que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley Nº 1590/2000)” fue promulgado oficialmente por el presidente Santiago Peña hoy.
En su artículo 20, la nueva ley declara el transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio en caso de no cumplir con el porcentaje mínimo del 60% de buses que deben operar en todos los horarios durante una huelga.
La promulgación de la ley, en específico este artículo, generó la reacción de los gremios de trabajadores del transporte público, quienes anunciaron que presentarán una denuncia contra la normativa ante la OIT, específicamente sobre este cuestionado artículo, entre otras acciones, según confirmó Gerardo Giménez, titular de la Fetrat.
“Tenemos ya también nuestra hoja de ruta de las acciones que vamos a ir tomando. Primer paso va a ser que ahora vamos a trabajar ya con nuestros asesores jurídicos para presentar una denuncia formal ante la OIT sobre estas violaciones de convenio 87, justamente del derecho a la huelga”, precisó en conversación con Periodísticamente.
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Mataron derecho a la huelga
De acuerdo con Giménez, al declarar imprescindible el servicio, el gobierno mató el derecho a la huelga establecida en la Constitución Nacional, por lo que también presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
“También estamos analizando ya con los compañeros, la vez pasada ya luego, eso antes de fin de año, sobre el tema de solicitar la inconstitucionalidad de este proyecto de la ley de la reforma donde justamente violenta la Constitución Nacional, ante la corte”, señaló.
Recordó que en noviembre se realizó un congreso desde la mesa sindical donde están integradas las seis centrales obreras: la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), está la CUT, la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).
En el congreso se definió que entre el mes de marzo o abril se convocará a una huelga general nacional en contra de varios de los que consideran son atropellos del gobierno de Santiago Peña, desde la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, la ley de carrera civil, la reforma del transporte público, la reforma de la Caja Fiscal y también los planes de cambios en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
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“Se viene algo difícil para los trabajadores, pero hay que enfrentarlo. Así como nos dijo en su momento el Papa Francisco que tenemos que hacer lío, entonces hay que hacer lío, pero para que sea para un bien común, no para que sea en forma personal o para unos cuantitos nomás, así como lo está haciendo este gobierno”, concluyó.
Más cuestionamientos a la reforma del transporte
Otro artículo cuestionado a la reforma del transporte público es el 39, en el cual se establece la absorción de los trabajadores en caso de que una empresa sea cancelada y al ser licitada, asuma otro empleador la administración del ramal.
“Hoy en día, con esta reforma prácticamente se discrimina a los trabajadores, ¿por qué?, porque menciona ahí que a partir de dos años recién las empresas nuevas que vienen puede absorber a los trabajadores y ¿qué pasa con los trabajadores que tienen 2 meses de antigüedad?, porque el Código Laboral te dice ahora el periodo de prueba que dura 60 días que son 2 meses, a partir de ahí pues el trabajador ya es efectivo ya en su lugar de trabajo”(sic), explicó.
Agregó que con esta reforma se le niega o le discrimina al trabajador a los 1 año 11 meses, ya que quedaría fuera de la norma.
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Recordó que si bien la ley establece como salario base de un chofer cobrador el monto de G. 3.819.000, la mayoría de los choferes cobran por redondo, situación que de la cual responsabilizó al gobierno, ya que se da por el abandono del Estado a los trabajadores.
“El problema es que ahí está el abandono del gobierno, porque el gobierno es el que debería de controlar, porque para el pago del subsidio los empresarios tienen las condiciones, habla luego justamente eso del tema de cumplimiento de las leyes laborales, casi la mayoría no cumple. Pero eso no es el problema de los empresarios, eso es problema del gobierno, porque el gobierno es el que debería de controlar. Inclusive, hay muchos compañeros que no tienen IPS”, sostuvo.