Rubén Rubin vuelve a impulsar su proyecto de cadena perpetua luego del femicidio infantil cometido por un agresor que había abusado de la misma víctima.
El diputado independiente Rubén Rubin reiteró su propuesta de cadena perpetua tras el asesinato de una niña de 12 años en Fulgencio Yegros, Caazapá. El principal sospechoso es Marcelo Giménez Duarte, quien estuvo preso tres años por abusar de la misma menor cuando tenía 8 años y recuperó su libertad en mayo pasado tras amenazar con venganza.
La menor fue hallada sin vida con señales de abuso sexual en la noche del lunes. Giménez había sido condenado en 2022 por el abuso inicial contra la víctima y cumplió condena hasta mayo de 2025. Según familiares, el agresor había jurado venganza contra la familia durante su reclusión, amenaza que se materializó con este femicidio infantil.
Rubin defendió la viabilidad de su proyecto citando ejemplos de países como Chile, Uruguay, Argentina y Brasil que aplican cadena perpetua sin salir de tratados internacionales. El legislador argumentó que estas medidas son compatibles con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay y que requieren revisión del marco legal actual para casos de extrema gravedad.
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El diputado distinguió entre el efecto disuasivo para personas cuerdas y la necesidad de aislar permanentemente a quienes considera enfermos mentales. Rubin considera que individuos que cometen crímenes de esta naturaleza representan un peligro constante para la sociedad y no pueden ser rehabilitados mediante el sistema penitenciario actual.
Griselda Dávalos, madre de la víctima, confirmó las amenazas previas del sospechoso tras su detención en 2022. La mujer relató que al regresar del trabajo el lunes a las 15:00 no encontró a su hija y solicitó ayuda vecinal para la búsqueda. Los restos fueron hallados alrededor de las 20:00 cerca de la vivienda del presunto agresor.
El proyecto conocido como Plan de Emergencia de Seguridad Nacional propone cuatro medidas principales: juzgar adolescentes como adultos, rehabilitación obligatoria para adictos, cadena perpetua para casos graves y respaldo de Fuerzas Armadas en seguridad interna. La iniciativa surgió ante la escalada de homicidios registrada en el país durante los últimos años.
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La propuesta legislativa fue elaborada por Rubin ante casos como el crimen de María Fernanda y otros femicidios que conmocionaron a la opinión pública. Sin embargo, hasta el momento no cuenta con respaldo suficiente de sus colegas en el Congreso Nacional para avanzar en el proceso de sanción y promulgación.
El caso de Caazapá evidencia las limitaciones del sistema de justicia penal para prevenir reincidencia en delitos graves contra menores. La liberación temprana de agresores sexuales y la falta de seguimiento post-carcelario plantean interrogantes sobre la efectividad de las penas actuales para proteger a la población más vulnerable del país.
Fuente: Última Hora