El expresidente francés Nicolas Sarkozy volvió a los tribunales este lunes en el juicio en apelación por el caso de la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 por parte del régimen libio del fallecido Muamar Gadafi. Sarkozy fue condenado en este caso en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por un delito de asociación ilícita, con pena en firme, lo que le obligó a pasar 20 días en prisión, algo inédito en un expresidente de la República. El dirigente conservador, que ocupó el Elíseo entre 2007 y 2012, recurrió la sentencia y salió de prisión unas semanas después.
Sarkozy, de 71 años, se presentó este lunes en el antiguo Tribunal de Justicia de París solo, sin su esposa, Carla Bruni, ni sus hijos, que sí estuvieron presentes en el juicio en primera instancia celebrado a finales del año pasado. Su entrada en prisión en octubre causó un fuerte impacto en la sociedad francesa, pues nunca antes un expresidente había ingresado en la cárcel. Sarkozy, que pasó en una celda un puñado de días, incluso escribió un libro, que publicó al salir, en el que narraba su experiencia.
El exdirigente, que tiene un cierto respaldo popular a pesar de tener varios frentes judiciales abiertos, trata en este nuevo proceso de mostrar su inocencia. El tribunal en primera instancia consideró probado que maniobró, a través de algunos de sus colaboradores, para obtener dinero del régimen de Gadafi para financiar su campaña electoral de 2007.
El caso tiene ramificaciones tentaculares y la instrucción tardó años. Este juicio se prolongará hasta principios de junio y volverán a examinarse todas las pruebas e interrogarse a los testigos. La sentencia consideró probado que hubo un pacto de corrupción entre el círculo de Sarkozy y el régimen libio para financiar su campaña al Elíseo, para las elecciones que ganó en 2007. Lo que no se pudo probar (y por eso no fue condenado por corrupción sino ‘sólo’ por asociación ilícita) es que el dinero llegase finalmente a sus manos, que se utilizara “en última instancia”.
Además de Sarkozy, fueron condenados algunos de sus estrechos colaboradores, que luego se convirtieron en ministros, como Claude Guéant (extitular de Interior) o Brice Hortefeux (Trabajo). Todos fueron condenados en primera instancia y apelaron el fallo. Algunos de los testigos murieron antes de llegar a juicio, como es el caso del empresario Ziad Takieddine, que falleció apenas días antes de arrancar el proceso. Saif al Islam Gadafi, hijo del fallecido dictador libio, murió tiroteado el pasado febrero.
No es el único embrollo judicial que tiene abierto. El pasado 9 de marzo, el tribunal correccional de París rechazo su petición de que se le conmuten las penas por otros dos procesos. Uno es el llamado caso Bygmalion, por la financiación ilegal de su campaña de 2012, esta vez para la elección que perdió frente al socialista François Hollande.
El otro es el caso Bismuth, por corrupción y tráfico de influencias, en el que se probó que influyó en un magistrado para obtener informaciones confidenciales en otro caso que le implicaba. Se le condenó a tres años de cárcel y ya aquello fue un seísmo político, pues era la primera vez que un expresidente estaba obligado a llevar brazalete electrónico.
