El 71% de los fondos rendidos por ONG fueron usados en salarios, según un informe de la Comisión Antilavado entregado al Congreso.
Una investigación del Senado reveló que gran parte de los recursos internacionales asignados a organizaciones civiles en el país fue utilizada para pagar salarios. De un total de USD 31,7 millones rendidos por distintas ONG, al menos USD 22,6 millones –el 71%– fueron destinados exclusivamente a retribuciones como honorarios, contratos, y sueldos de personal administrativo, técnico y directivo.
La conclusión forma parte del informe final elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación Antilavado, presidida por el senador Dionisio Amarilla, y fue presentado este lunes al Congreso Nacional. La comisión indagó el uso de fondos provenientes de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, que aportó a Paraguay más de USD 52,9 millones en cooperación.
Según el informe, solo el 60% de esos fondos –equivalente a USD 31,7 millones– fueron respaldados con documentación en las rendiciones presentadas por las organizaciones ejecutoras. El 40% restante no fue justificado con los documentos requeridos, lo que genera dudas sobre el uso transparente de los recursos.
Durante la entrega del material, Amarilla destacó que el documento consta de nueve tomos, con anexos que incluyen más de 70.000 fojas, material digitalizado y recomendaciones puntuales dirigidas a la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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El senador afirmó que la finalidad del trabajo no es interferir en otras instituciones, sino proponer mecanismos para mejorar la gestión de fondos y el control público. “Nosotros no somos auditores, pero hemos detectado puntos críticos que deben revisarse”, señaló.
El proceso de investigación incluyó 14 sesiones, de las cuales 12 se realizaron en 2024, con participación de actores técnicos y revisión documental exhaustiva. El informe sugiere la necesidad de fortalecer los controles sobre el destino de fondos provenientes del extranjero, especialmente en sectores no estatales.
Fuente: ÚH