La Comisión del Senado aplazó el dictamen de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de DD. HH. para unificar criterios y ajustes técnicos.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó para la próxima semana el dictamen del proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. La postergación busca consensuar modificaciones y unificar criterios sobre la propuesta del Ministerio de la Defensa Pública.
La propuesta del Ministerio de la Defensa Pública introduce una innovación legal: un defensor público que represente a periodistas víctimas de amenazas, agresiones, lesiones o ataques a su domicilio en el ejercicio de sus funciones. Este rol permitiría brindar asistencia jurídica gratuita y especializada.
Víctor Benítez, director de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que el planteamiento es interesante porque permitiría acciones jurídicas directas en defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo. La figura fortalecería la protección legal de quienes ejercen el periodismo en Paraguay.
El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, recordó que desde 1991 se registraron 21 periodistas asesinados en el país. La mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Además, mencionó 600 casos de agresiones y los recientes ataques contra las viviendas de dos periodistas.
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Ortiz afirmó que las zonas de frontera en Paraguay son catalogadas por la CIDH como zonas silenciadas, donde el periodismo se ejerce bajo amenazas constantes. Esta situación deteriora la democracia y limita la libertad de expresión en regiones estratégicas del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ordenó a Paraguay, como medida de no repetición, la adopción de una ley específica para proteger a periodistas. Este marco normativo se convierte así en un compromiso internacional y una garantía para el ejercicio de la libertad de prensa.
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El proyecto de ley crea un mecanismo de protección integral con una comisión mixta de siete integrantes: representantes del Estado, la Justicia, la Defensoría Pública y la sociedad civil. Tendrá la capacidad de dictar medidas urgentes de protección en casos de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos.
Luisana Colombo, de la Federación Internacional de Periodistas, destacó que el proyecto no solo defiende la vida y seguridad de los periodistas, sino el derecho a la información de toda la sociedad. La sesión del 15 de octubre en el Senado será determinante para avanzar hacia la implementación de esta política pública o si el debate continuará postergándose.
Fuente: ABC Color