La Comisión Antimafia de Pagarés del Senado, presidida por el senador Rafael Filizzola, presentó un informe que describe un esquema de irregularidades que se extendió por más de una década. Según los datos, miles de trabajadores públicos fueron afectados por embargos salariales en juicios ejecutivos distribuidos en todo el país.
Unite al canal de RDN en Whatsapp
Durante la sesión, el senador Líder Amarilla, del PLRA, pidió que el pleno del Senado impulse una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Sostuvo que las víctimas arrastran años de perjuicios sin obtener respuestas efectivas y que el Ministerio Público debe investigar las responsabilidades penales que surgen del informe.
Reclamos a la Corte y pedidos de juicio político
La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, solicitó que la Cámara de Diputados inicie juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que las personas afectadas por la mafia de los pagarés llevan alrededor de diez años soportando un proceso sin avances reales. Además, reclamó al fiscal general Emiliano Rolón y exigió a la Corte la reconstrucción de expedientes en un plazo máximo de 30 días.
️#ElObservadorAlAire | Reunión de Mesa Directiva de @SenadoresPy. Informe de la Comisión Antimafia de Pagaré
La senadora Yolanda Paredes exige a @DiputadosPy que impulse el juicio político a los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia, por su responsabilidad en la… pic.twitter.com/5xEFcVH7Zp
— El Observador (@observapy) December 1, 2025
A su turno, la senadora Blanca Ovelar, de la ANR disidente, propuso elaborar un proyecto de ley para que los salarios de funcionarios se paguen in totum. Según explicó, la medida apunta a transparentar los procesos y evitar descuentos que no cuenten con respaldo claro ni autorización adecuada de los trabajadores.
Acción penal en preparación y vínculo con empresas privadas
El senador Rafael Filizzola adelantó que se encuentra en preparación una acción penal que incluirá la figura de asociación criminal. Indicó que la comisión aún enfrenta dificultades para acceder a determinados documentos, y que aguardan informes del Incoop para completar el expediente que será remitido al Ministerio Público.
En este contexto, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, afirmó que la empresa Carsa, mencionada en los casos investigados, pertenece al hermano del ministro de la Corte César Diesel. Esta afirmación elevó el nivel de cuestionamientos y reforzó la necesidad de esclarecer las conexiones entre el esquema de juicios ejecutivos y actores del sector privado.
Más de 333.000 juicios y fuerte concentración en pocos juzgados
El informe remitido por la Corte Suprema a la Comisión Antimafia permite dimensionar el impacto del esquema. Se registran 333.005 juicios ejecutivos con embargos salariales en todo el país y descuentos por G. 2,2 billones extraídos de sueldos de trabajadores, equivalentes a USD 314,3 millones.
Asimismo, se detalla que el Juzgado de Paz de La Encarnación concentra el 31% de los juicios y el 26% de los depósitos judiciales. Apenas cinco juzgados de la capital acumulan el 82% de los casos y el 66% del dinero embargado. Entre ellos se citan Encarnación, con G. 577.540 millones y 104.894 casos, y Catedral, con G. 371.865 millones y 69.630 embargos, además de Recoleta, San Roque y Villa Morra, que en conjunto superan los G. 510.000 millones.
SEGUNDO AVANCE DE LA COMISIÓN ESPECIAL ANTIMAFIA DE LOS PAGARÉS DEL SENADO: MÁS DE 5.000 VÍCTIMAS ATENDIDAS Y 2,2 BILLONES DE GUARANÍES EMBARGADOS
La Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, precedida por el senador @FilizzolaRafael presenta su segundo… pic.twitter.com/7LBKKTXKWC
— Radio 780 AM (@780AM) December 1, 2025
La comisión señaló que esta concentración sin precedentes refuerza las dudas sobre el funcionamiento del sistema judicial en los juicios ejecutivos. Para los senadores, los datos muestran un uso reiterado de determinados juzgados y una distribución desigual de los embargos y depósitos judiciales.
Perfil de las víctimas y sectores públicos más afectados
Según el relevamiento de la Comisión Antimafia, se identificaron 6.600 víctimas directas, con un perfil marcado. El 70% corresponde a mujeres y el 30% a hombres. El 87% de las personas afectadas reside en el interior del país, mientras que los departamentos más impactados son Central, con 32,5%, y Asunción, con 13,2%.
El informe también revela que el 70,3% de los juicios fue radicado en Asunción. Los sectores públicos más golpeados son el Ministerio de Educación y Ciencias (64,3%), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (16,4%), el Instituto de Previsión Social (3,5%) y el Hospital de Clínicas (2,7%). En total, al menos 5.517 trabajadores sufrieron perjuicios relacionados con el esquema descrito.
Irregularidades en el BNF y rol de Walton Capital
Una de las conclusiones más delicadas apunta al Banco Nacional de Fomento (BNF), encabezado por Manuel Ochipintti, y a la empresa Walton Capital SA, vinculada a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. (José Emilio, Óscar Enrique, Carlos Germán y María Gabriela Latorre Aguade y el fallecido Óscar Germán Latorre Cañete).
El informe detalla descuentos salariales sin autorización expresa de los trabajadores, formularios incompletos y extractos con datos insuficientes. También se mencionan casos en los que era imposible revocar los descuentos, la falta de documentación válida y respuestas inadecuadas ante reclamos de los funcionarios. Filizzola describió el caso Walton como el “problema central” dentro del BNF, al señalar que el banco descuenta montos informados por la firma sin contar con pagarés o permisos firmados por los afectados.
El informe advierte que, incluso con nuevas reglas del Banco Central del Paraguay que permiten revocar descuentos, el BNF continúa aplicándolos bajo el argumento de su acuerdo con Walton. Para la comisión, esta situación puede configurar un esquema de carácter criminal, especialmente porque los trabajadores públicos están obligados por ley a cobrar sus salarios en la banca pública.
Modo de operar, avances y reformas pendientes
El documento describe que, en muchos casos, bastaba una planilla para generar descuentos mensuales a funcionarios y jubilados sin exigir pagarés válidos ni documentación de respaldo. Entre las prácticas detectadas se mencionan múltiples descuentos por una misma deuda, operaciones a través de asociaciones sin devolución de documentos y expedientes inexistentes o incompletos. También se registró el uso de títulos viciados para impulsar juicios ejecutivos.
Leé más: Senado revela esquema judicial de G. 1,6 billones en la “mafia de los pagarés”
Como avances, la Comisión Antimafia destacó el desistimiento de demandas abusivas, la devolución de pagarés a personas afectadas, el levantamiento de embargos considerados ilegítimos y la recuperación de montos cobrados indebidamente. Además, resaltó la nueva ley que fija límites a los descuentos salariales y la media sanción para crear más juzgados de paz con el fin de sanear los juicios ejecutivos.
No obstante, el informe advierte que aún quedan reformas centrales pendientes. Entre ellas se mencionan la fijación de límites para descuentos a jubilados, la regulación de prácticas de cobranza, ajustes a los intereses de obligaciones civiles, cambios en los burós de crédito y una ley que obligue a la devolución de pagarés una vez saldadas las deudas.
Fuente: ABC Color