El Senado aplazó el debate sobre el retorno al voto secreto en la Corte, una propuesta que reaviva la disputa entre transparencia y poder político.
El Senado decidió postergar hasta el 29 de octubre el proyecto de ley que busca restablecer el voto secreto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia al momento de elegir a sus autoridades. La propuesta, impulsada por legisladores oficialistas, apunta a modificar el artículo 8 de la Ley 609/95 y revertir la actual modalidad de voto nominal y público.
La iniciativa generó un intenso debate político. El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó que la modificación haya surgido desde el Congreso y no desde la propia Corte, como lo establece la Constitución. “Me llama la atención que esta propuesta sea parlamentaria cuando la Corte tiene la iniciativa legal para hacerlo”, expresó, remarcando que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo votan los ministros.
El proyecto que pretende otorgar el voto secreto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia es un retroceso institucional y democrático. pic.twitter.com/JLKprWEaXE
— Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) October 15, 2025
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla defendió el voto secreto como un mecanismo que protege la autonomía de los magistrados ante presiones políticas. “El secretismo beneficia a las minorías y garantiza la libertad de decisión en un país donde muchas cosas se pagan con votos”, argumentó, señalando que la exposición pública puede generar chantajes o represalias.
El proyecto busca revertir los cambios introducidos en 2023 por la Ley 7058, que había eliminado el voto secreto y establecido que las decisiones se tomaran de forma nominal y a viva voz. Aquella norma fue considerada un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas en la administración judicial.
Sin embargo, para el exsenador Pedro Santa Cruz, impulsor de la ley vigente, esta nueva propuesta representa “un retroceso muy grave”. Según sostuvo, el retorno al voto secreto “revive el control político y el feudalismo judicial”, permitiendo que los ministros mantengan poder territorial en las circunscripciones sin supervisión ciudadana.
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En la misma línea, la abogada Esther Roa advirtió que el secretismo “sepulta la independencia judicial” y refuerza prácticas de opacidad que ya deterioraron la imagen del Poder Judicial. Consideró que la medida fortalece a los sectores que buscan mantener el control político sobre las decisiones de la Corte.
Desde la oposición, la senadora Esperanza Martínez calificó la iniciativa como “un ataque a la transparencia”. A su juicio, devolver el voto secreto debilita los principios democráticos. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones judiciales”, afirmó.
Fuente: ÚH