El Senado expone un esquema judicial de G. 1,6 billones con falsificaciones, negligencias y víctimas de estafas vinculadas a pagarés en todo el país.
La Comisión Antimafia de los Pagarés del Senado presentó su informe con hallazgos sobre una red financiera y judicial que operó en el país mediante falsificaciones, descuentos abusivos y negligencias procesales. El esquema habría afectado a miles de personas, en su mayoría trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
El estudio, elaborado tras varios meses de trabajo técnico, detectó que las estafas vinculadas a los pagarés constituyen solo una parte de un sistema más amplio. Según explicó la asesora Diana Vargas, la red incluye mecanismos de cesión de créditos, refinanciaciones forzadas y débitos automáticos no autorizados, que operan antes incluso de llegar a los tribunales.
El equipo técnico de la comisión habilitó un registro digital de denuncias, que supera los seis mil casos en todo el país. Además, se habilitó una atención diaria en la sede legislativa, donde más de mil afectados recibieron orientación jurídica y financiera.
Entre las principales acciones desarrolladas figuran la elaboración de diagramas de estafas, análisis de casos representativos y articulación con entidades financieras y el Poder Judicial. El trabajo permitió identificar patrones de embargos, cesiones de créditos y descuentos automáticos sin respaldo legal.
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Las investigaciones revelan un esquema sostenido por falsificaciones documentales y omisiones judiciales. Las irregularidades más frecuentes incluyen notificaciones omitidas, liquidaciones con intereses no verificados y la presentación de pagarés adulterados o fotocopiados sin validez legal.
El informe detalla además la existencia de procesos duplicados en distintos juzgados con los mismos títulos y casos de autorizaciones de descuento sin firma válida, lo que evidencia una deficiencia estructural en el control judicial. Este circuito permitió que las víctimas quedaran expuestas a múltiples demandas simultáneas.
@DiVargas00 , asesora de la Comisión Especial del Senado antimafia de pagaré, refirió que existen estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a demandas de cobro de guaraníes. “El problema no es dedicarse a los juicios ejecutivos, el problema es generar una estructura que… pic.twitter.com/vssqaaP5wa
— El Observador (@observapy) September 21, 2025
Uno de los hallazgos financieros más significativos establece que el monto total en juicios ejecutivos asciende a G. 1,6 billones, distribuidos en 308.615 cuentas judiciales. No obstante, el 83 % de estos fondos se concentra en solo seis Juzgados de Paz, ubicados en La Encarnación, La Recoleta, La Catedral, San Roque, Catedral 2.º Turno y Villa Morra.
En conjunto, estas seis sedes judiciales administran G. 1,33 billones, cifra que la comisión califica como evidencia de una concentración anómala de recursos y de un uso irregular del sistema de justicia. La Encarnación lidera el listado con más de G. 565.000 millones en ejecución.
El informe también advierte sobre nuevas modalidades de fraude mediante empresas de “asesoría financiera”, que ofrecen eliminar antecedentes negativos en burós de crédito. Estas compañías obligan a firmar pagarés encubiertos y luego desaparecen, dejando a las víctimas con deudas adicionales y registros negativos en Equifax.
Durante las audiencias, se mencionó que algunas de estas empresas gestionaron préstamos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), reteniendo los fondos y generando hasta tres deudas simultáneas por cliente. En estos casos, la comisión confirmó la apertura de denuncias y la colaboración con el Ministerio Público.
Entre los resultados legislativos derivados de la investigación se destacan la ley que limita los descuentos salariales a funcionarios públicos, nuevas reglamentaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) para protección financiera, y la media sanción de proyectos que buscan crear juzgados especializados y sanear juicios ejecutivos.
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El informe también reporta rescates de pagarés indebidamente ejecutados y levantamiento de embargos ilegítimos. La comisión trabaja ahora en normativas para regular cobranzas, fortalecer los controles de los burós crediticios y proteger los ingresos de los jubilados.
Casos emblemáticos acompañan el documento. Entre ellos, el de Isabelino, una persona con discapacidad auditiva que figura como deudor en seis entidades, y el de docentes indígenas de Caazapá, demandados simultáneamente por pagarés falsos. Ambos expedientes exponen la vulnerabilidad de sectores marginados ante un sistema judicial permeado por irregularidades.
El informe concluye que la llamada “mafia de los pagarés” representa una amenaza institucional que combina negligencia judicial, abuso financiero y desprotección ciudadana. La Comisión Antimafia solicita la creación de un cuerpo interinstitucional permanente que garantice transparencia en los procesos y evite que el esquema se reproduzca.
Fuente: Última Hora