La senadora liberocartista Noelia Cabrera fue nuevamente cuestionada tras utilizar una camioneta incautada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) durante una actividad proselitista en la ciudad de Capitán Bado. El vehículo, una Chevrolet Silverado asignada a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), fue utilizado en un evento de afiliación al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
En imágenes publicadas por la propia legisladora a través de sus redes sociales, se observa la camioneta en segundo plano mientras Cabrera aparece rodeada de dirigentes que le entregan formularios de afiliación partidaria. La actividad fue celebrada en las ciudades de Capitán Bado y Karapaí, donde Cabrera aseguró haber recibido un total de 529 nuevos afiliados al PLRA.
“Gracias a la maravillosa gente de la ciudad de Capitán Bado y Karapaí por la cordial y solidaria recepción. Trajimos en total 529 nuevas afiliaciones para nuestro glorioso PLRA”, escribió la senadora en su publicación, acompañada por fotografías del evento.
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El uso del vehículo vuelve a generar controversia, ya que esta camioneta incautada pertenece originalmente al presunto traficante de armas Diego Dirisio. Fue entregada en carácter de uso institucional a la Conaderna, instancia que preside la senadora Cabrera. No es la primera vez que la legisladora es cuestionada por el uso del rodado, ya que anteriormente fue fotografiada utilizándolo para traslados personales en Asunción.
La parlamentaria defendió en su momento la utilización del vehículo alegando que su uso permitiría la presencia institucional de Conaderna en reservas y áreas protegidas del país. Sin embargo, el empleo de un bien incautado con fines políticos o partidarios se encuentra fuera de lo estipulado por la normativa de administración de bienes de origen ilícito.
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El vehículo fue originalmente propiedad de Diego Dirisio, detenido en febrero del año pasado en Argentina junto a su esposa Julieta Nardi. Ambos fueron identificados como líderes de una red internacional de tráfico de armas que ingresaba armamento de manera legal al país, pero posteriormente las desviaba a organizaciones criminales. La operación habría contado con respaldo de militares paraguayos, según informes oficiales. Brasil solicitó la extradición del matrimonio detenido.