La primera dama, Leticia Ocampos, deberá explicar ante Seprelad la entrega de dinero a un tercero registrada en una factura a nombre de su cuñado.
La primera dama, Leticia Ocampos, deberá justificar ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una transacción en la que habría solicitado la emisión de una factura a nombre de su cuñado, según explicó la contadora Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay.
De acuerdo con los mensajes filtrados, Ocampos compró un producto y pidió que la factura fuera emitida a nombre de César Berea. La contadora señaló que, al ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP), la primera dama debe rendir cuentas sobre el destino del dinero utilizado en la operación y justificar por qué se registró a nombre de un tercero.
#Lpm730 #LosSobresDelPoderFacturas por pagos con “sobres” se elaboraban a nombre de otros.
«Lógicamente, implica una diferencia fundamental. Los funcionarios públicos y las Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen un tratamiento diferente. Ante la Seprelad, la señora… pic.twitter.com/nVe5pi66Mv
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 6, 2025
Ayala indicó que las PEP están sujetas a un control más estricto en el sistema financiero y tributario, lo que obliga a mantener la trazabilidad de cada movimiento de dinero.
En este caso, la transacción podría no constituir una operación sospechosa, pero sí requiere una justificación formal ante la Seprelad, conforme a las normativas vigentes.
La especialista explicó que los funcionarios públicos y las PEP tienen un tratamiento diferenciado en el marco de las regulaciones contra el lavado de activos. Por ello, la operación podría ser revisada para verificar si se trata de un simple obsequio o de una transferencia que requiere documentación respaldatoria.
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Además, Ayala mencionó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también puede intervenir. La compra data de octubre de 2023 y debió haber sido incluida en la declaración del Impuesto a la Renta Personal (IRP) presentada en marzo de 2024. En ese contexto, el organismo tributario tiene la facultad de fiscalizar tanto a Ocampos como a Berea.
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La DNIT puede iniciar una orden de fiscalización si identifica inconsistencias entre los montos declarados y las operaciones registradas. La ley permite este tipo de controles hasta cinco años después de la emisión del impuesto, plazo en el que las acciones prescriben.
El caso volvió a tomar notoriedad tras el escándalo político conocido como “Los sobres del poder”, originado en la denuncia de Luz Candado, excoordinadora de Mburuvicha Róga.
Candado fue desvinculada por el presidente Santiago Peña y su denuncia derivó en la divulgación de mensajes que comprometen a figuras cercanas al entorno presidencial.
Fuente: ABC Color