El intento de juramento de Orlando Arévalo como concejal desató una protesta en la Municipalidad de Lambaré, en medio de denuncias y tensiones políticas.



Una nueva crisis política sacude la Municipalidad de Lambaré, donde funcionarios sindicalizados protagonizan una protesta para evitar el juramento del exdiputado Orlando Arévalo como concejal suplente. La movilización inició tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que suspendió a dos concejales titulares, generando un vacío que habilitaría la asunción de Arévalo.

El exlegislador, investigado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, figura en la lista de suplentes habilitados para integrar la Junta Municipal. Su eventual juramento provocó la reacción inmediata del funcionariado, que bloqueó los accesos y exigió que aclare su situación judicial antes de ocupar cualquier cargo público.

El sindicalista Walberto Alonso, uno de los voceros del grupo movilizado, sostuvo que existe preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Según afirmó, dentro de la Junta se estaría gestando un “pacto azulgrana” entre sectores liberales y colorados para reunir los votos necesarios y promover una intervención al intendente Guido González.

Desde el Ejecutivo municipal, el propio González se desmarcó de la maniobra y cuestionó la posible asunción de Arévalo. El jefe comunal señaló que no avala su juramento y que duda que se logre quorum. Afirmó que el exdiputado debe primero rendir cuentas ante la Justicia antes de aspirar a un cargo en el ámbito local.

González afirmó que la institución se encontraba “tomada” por los sindicatos desde tempranas horas, pero aseguró que no teme una eventual intervención de su gestión. Reiteró que su administración logró estabilizar las finanzas municipales y que la protesta responde a sectores que buscan debilitar su candidatura para la reelección.

El intendente también defendió a los dos concejales suspendidos por el TSJE, señalando que ambos pertenecen a su movimiento político. Calificó la sanción como desproporcionada, al sostener que derivó de una discusión interna y no de hechos graves.

Durante la jornada, los funcionarios impidieron además el ingreso de Carol González, esposa de Arévalo y actual concejal opositora. La edil acudió posteriormente a la comisaría local para denunciar la toma de la sede y solicitar la intervención del Ministerio Público.

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González alegó que el juramento de los suplentes no figura en el orden del día aprobado por la Junta Municipal. Aseguró que la sentencia que suspendió a los ediles oficialistas habría sido el detonante del conflicto y responsabilizó al intendente por lo que calificó como un atropello institucional.

La situación mantiene paralizadas las actividades administrativas en la Municipalidad de Lambaré. Mientras tanto, el futuro político de Arévalo queda en suspenso, condicionado por las investigaciones judiciales que aún enfrenta y por la resistencia interna en la propia institución municipal.

Fuente: ABC Color


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