Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), hoy le hizo el vacío a la primera reunión de la comisión “garrote” del Senado creada para investigar supuestos abusos de las empresas de telefonía, cable y transferencias vía telefonías móviles.
Esta comisión especial transitoria fue creada ni bien concluyeron las funciones de la comisión “garrote” cartista instalada para perseguir al Grupo ABC y a las organizaciones no gubernamentales que critican a la clase política.
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El senador liberocartista Dionisio Amarilla, quien también preside esa comisión, de todos modos recibió a la comitiva de funcionarios de la Conatel quienes le respondieron sus consultas sobre denuncias, quejas y multas.
Disconforme por las cifras, Amarilla dijo que ordenará que la web del Senado reciba todas las denuncias de la gente y que las 263 intendencias del país recepcionen y remitan denuncias contra dichas operadoras. Agregó que también exigirá que la Conatel revise los contratos de adhesión que según dijo, permiten el abuso.
También expresó que volverán a convocar al titular de la Conatel y a Federico Osorio, representante de la Asociación de Cableoperadores del Interior. Participaron además los senadores Lilian Samaniego (ANR), Esperanza Martínez (Frente Guasu), José Oviedo (Yo Creo) y en forma remota Lizarella Valiente (ANR, HC) y Patrick Kemper (cartista). Los demás miembros no hicieron uso de la palabra.
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Denuncias y quejas
Por la Conatel, Alejandro Godoy, gerente de servicios, informó que existen 290 operadoras de internet pero las cinco principales son: Claro, Vox, Tigo, Personal y Copaco S.A.
Agregó que las transferencias de dinero son reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y no por Conatel.
Tatiana Duarte, jefa de Quejas y Reclamos, dijo que reciben entre 200 y 300 denuncias al año que se resuelven en 20 días en “primera instancia”, con anulaciones de facturas y reintegros. Agregó que solo unas 45 llegan a “segunda instancia”.
Otros funcionarios indicaron que en los últimos cinco años solo se dio una multa de G. 22 millones a Tigo y que perciben que la ciudadanía es “tímida” para denunciar.