La titular de la Sedeco, Sara irún, acudió a la Comisión Anti Mafia de Pagarés solo para exponer todo tipo de excusas sobre la incapacidad de regular las casas de cobranzas, proteger a los consumidores y ganar juicios de todo tipo. De entrada dijo que no pueden responder los pedidos de informe de este esquema y alegó la falta de personal y leyes actualizadas.
”Es un tema que nos preocupa; nos quisiéramos ocupar más de lo que podemos”, concluyó Sara Irún, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), tras su paso por la Comisión Anti Mafia de Pagarés, órgano del Senado presidido por el senador Rafael Filizzola (PDP).
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“Lamentablemente no vamos a poder responderles en tan corto tiempo, porque nos citaron 24 horas”, inició su presentación la cuestionada ministra del Poder Ejecutivo.
En todo momento, sostuvo que la Sedeco es una institución “muy pequeña”, en la que todos son “todólogos”, sin sistemas informáticos actualizados.
Dijo que son apenas 60 funcionarios misionales, de los cuales solo 35 son del ente y los demás son comisionados de otras instituciones. Señaló que solo tienen dos personas en el área de “consultas”, cuatro en “reclamos” y cuatro mediadores con mil casos recibidos al mes.
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“Un 80% de los reclamos que ingresan ya se solucionan en esa etapa, de mediación. Y es muy poco lo que pasa a asuntos jurídicos, para ver si corresponde o no la apertura de un sumario administrativo”, dijo.
Insistió en que la institución empezó con funcionarios no especializados y que el Derecho del consumidor es una rama en que supuestamente “no hay gente especializada”.
Agregó que ahora experimentan un colapso ya que de 150 reclamos al mes, pasaron a 1.000 al mes.
Aunque días atrás admitía que mal interpretó la resolución de cerrar los 263 locales de Biggies distribuidos en 31 distritos en todo el país. Agregó que al ser “todóloga” incluso debe leer hasta altas horas de la madrugada las resoluciones “para poder entender y no firmar cualquier cosa”.
También lamentó que ahora reciben “100.000 pedidos de informe” del Congreso y dictámenes de proyectos de ley.
Culpa la administración anterior
Igualmente culpó a la administración anterior de incumplir los plazos en los juicios de defensa al consumidor que pierden o son rechazados en tribunales.
”Lastimosamente esto va en contra del consumidor. Lloré, lloré porque dejarle al consumidor sin su derecho lastimosamente”, dijo sobre los juicios en el Poder Judicial.