El 7 de enero del año pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó de manera acelerada la Ley N° 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, con la que se pretende ejecutar el proyecto ferroviario eléctrico entre Asunción e Ypacaraí. La normativa fue impulsada tras el fracaso del plan que se intentó llevar adelante con apoyo de Corea del Sur.
Sin embargo, a más de un año de la entrada en vigencia de la ley, no se informó ningún avance concreto sobre el proyecto. Ayer intentamos contactar al presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, para consultarle sobre el estado del plan, pero no obtuvimos respuesta.
Fuertes rumores señalan que el Gobierno, con liderazgo de Salinas y de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, estaría llevando adelante negociaciones con empresas extranjeras, pese a que aún no se licitó la obra, como establece la propia ley, aprobada exclusivamente para este emprendimiento.
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La Ley N° 7.434 autoriza al MOPC a suscribir una adenda al contrato de concesión celebrado con Fepasa y habilita a esta última a firmar uno o más contratos de “subconcesión” con el sector privado por un plazo de hasta 35 años, incluido el periodo de construcción. La normativa establece que Fepasa debe realizar una licitación para seleccionar al subconcesionario, pero hasta la fecha no se conoce ningún avance en ese proceso.
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Luz verde a Fepasa para evadir leyes
Lo cierto es que el texto sancionado habilita a Fepasa a eludir las leyes N° 1.618/2000 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos; N° 5.102/2013 de Alianza Público-Privada (APP), actualizada por la Ley N° 7.452; y N° 7.021/22 de Contrataciones Públicas.
El “puenteo” a estas leyes se da pese a que, durante los 35 años de subconcesión, el Estado deberá realizar millonarios desembolsos a un fideicomiso que se creará para cumplir con los pagos a la empresa que resulte adjudicada para construir, operar y mantener el ferrocarril eléctrico, ya que con el pasaje cubrirá toda la inversión.
Incluso, Fepasa había planteado en su momento que el Estado realice un aporte a la inversión inicial para viabilizar el proyecto. En ese sentido, el Gobierno analizaba una “ayuda” de hasta US$ 150 millones al socio privado que gane la subconcesión, según lo mencionó el propio Salinas.
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Inicialmente, Fepasa estimaba que la obra sería licitada a mediados de 2025 y que la construcción se iniciaría en 2026, pero nada de esto ocurrió y desde la empresa pública no se brindan explicaciones. En julio del año pasado, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, admitió dudas sobre la factibilidad del tren de cercanías. “Al único que le tengo poca fe es al tren de cercanía, pero va a haber muchos proyectos… ese proyecto parece que tenemos que quitar, yo soy sincero”, había declarado.
Ley otorgó “superpoder” a Peña
Con la ley especial para el tren de cercanías, que elude el marco legal vigente, se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir uno o más fideicomisos —de administración y de pagos— para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables del Estado y de Fepasa.
La normativa habilita al Ejecutivo a incluir en la reglamentación los parámetros y condiciones del fideicomiso, su administración, fondeo y recursos, de manera a asegurar la viabilidad del proyecto. En la práctica, se otorgan amplias facultades al presidente de la República, Santiago Peña, para el desarrollo del plan.
“El o los contratos de subconcesión podrán contemplar diversas formas de retribución al subconcesionario, incluyendo pagos de inversión, pagos por disponibilidad, pagos en función del número de usuarios, derechos de explotación o aprovechamiento, entre otros mecanismos”, señala la ley. Todos estos pagos deberán realizarse a través del fideicomiso.
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El proyecto demandaría una inversión estimada de US$ 600 millones, aunque Salinas había señalado en su momento que el presidente Peña le pidió reducir el monto previsto.
La ley también compromete al Estado paraguayo, a través del MOPC, a prever anualmente en su presupuesto los recursos necesarios para mantener en el fideicomiso un monto suficiente para cubrir los compromisos firmes de cada año, además de al menos el 10% de los compromisos contingentes que surjan de los contratos de subconcesión del proyecto.