El TSJE presentó una adenda con modificaciones al pliego tras una protesta aceptada parcialmente por la DNCP. El proceso para alquilar 18.000 máquinas avanzaría desde el 18 de noviembre.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió la Resolución 3645/25, por la cual dio lugar parcialmente a la protesta presentada contra la licitación para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación para las elecciones municipales de 2026. El organismo aceptó 11 de los 35 puntos reclamados y obligó al Tribunal Superior de Justicia Electoral a introducir cambios en su pliego de bases y condiciones.
A raíz de esta determinación, el TSJE modificó el pliego este lunes y presentó este martes la primera adenda del llamado. El proceso corresponde a la licitación para el alquiler de equipos y servicios vinculados al sistema de votación electrónica, con un valor estimado de USD 34,1 millones y registrada bajo el ID 476.307. Los ajustes buscan adecuar las exigencias a los criterios señalados por Contrataciones Públicas.
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Christian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJE, explicó que el organismo recibió la respuesta de la DNCP y procedió a incorporar los cambios requeridos. Desde este miércoles se abrió un plazo de cuatro días hábiles para que las empresas revisen la adenda. Si no se presentan nuevas protestas, la institución habilitará una nueva fecha para la apertura de ofertas a partir del 18 de noviembre.
Las observaciones presentadas por Myru Systems, Bypar SA y Smartline motivaron la revisión del pliego. Estas firmas objetaron varios requisitos relacionados con experiencia previa, acreditación técnica y condiciones logísticas. La licitación prevé la utilización de las máquinas en las elecciones internas y municipales previstas para junio y octubre de 2026.
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Entre los cambios incorporados, el TSJE ajustó las condiciones para acreditar la fabricación de las máquinas, permitiendo ahora que los oferentes declaren bajo fe de juramento su calidad de fabricantes. También redujo de 40% a 30% la experiencia mínima previa en ventas o alquileres y disminuyó de tres a dos el número de procesos electorales requeridos. Otros ajustes incluyeron la reducción de diez a ocho años en la experiencia exigida al gerente de proyectos y la ampliación del radio permitido para depósitos de almacenamiento de 20 a 30 kilómetros.
El llamado actual se realiza tras la cancelación del proceso anterior para la compra de 28.000 máquinas por USD 93 millones. Esa suspensión ocurrió luego de que el Senado instara al TSJE a revisar la adquisición, ante cuestionamientos sobre la fiabilidad de los equipos por parte de legisladores de varios sectores. La nueva licitación busca garantizar la disponibilidad de máquinas para los próximos comicios mediante un esquema de arrendamiento.
Fuente: ÚH