Una terminología insidiosa se ha enraizado en Estados Unidos: distingue a los heritage Americans del resto de nosotros. Se trata de un eufemismo para definir a los protestantes anglosajones blancos y, cada vez más, también a los nacionalistas evangélicos. Este lenguaje se está desplegando de forma sistemática. En la práctica, la Corte Suprema de EE UU ha legalizado una maquinaria de control en la que la etnia —incluso cómo se habla, cómo se viste, a qué se dedica alguien— puede ser utilizada como justificación para que funcionarios federales, fuerzas cuasi militares como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detengan a alguien y le pidan “sus papeles, por favor”.
En Minnesota, ahora mismo, la actuación del ICE se ha convertido en terror de Estado —redadas, detenciones, miedo en barrios de inmigrantes y protestas públicas— y ha incluido la fuerza letal, con la muerte a manos de agentes federales de Renee Good y Alex Pretti. Pero esto también está ocurriendo en otros lugares, mediante procesos nuevos, silenciosos y públicamente invisibles.
El 5 de enero de 2026, después de trabajar durante 16 años en la Universidad de Colorado, el Departamento de Recursos Humanos me envió un correo diciendo que no había presentado documentos que demostraran que yo era residente legal o ciudadano/a de Estados Unidos. La universidad insistió en que yo no había aportado esa documentación cuando me contrataron. Y se me exigió presentar físicamente mi prueba de ciudadanía (mi pasaporte estadounidense) ante un funcionario de la universidad para su verificación. Soy un extranjero en mi propio país.
El correo utilizaba el lenguaje sereno de la administración. ¿Era, como decían, una “revisión interna rutinaria” que se aplicaba a todo el mundo? La frase importante era simple: “Este paso debe completarse presentando documentos originales y aceptables… No se aceptan copias”.
El personal de la universidad me dijo que no se me estaba señalando. Pero a ninguno de los heritage Americans de mi Departamento de Historia, con apellidos anglosajones y alemanes, se les pidió que acudieran y demostraran físicamente su ciudadanía. A mí sí: Martínez-Dávila. Y una compañera de mi departamento —empleada desde hace más de 25 años— también fue obligada a presentar sus papeles; sí, también tenía apellido español. ¿Qué probabilidades hay? El 100% en Estados Unidos.
Cuando compartí esto públicamente en una red profesional, un desconocido respondió con la clase de frase que normaliza todo: “A nadie le importa. Enseña los papeles y ya está”. La exigencia se vuelve banal, corriente. La humillación pública se convierte en algo sin importancia, que te dicen que aguantes en silencio.
Lo que resulta tan alarmante —y tan desorientador— es que soy descendiente de españoles con raíces indígenas mexicanas. Mi familia fundó el San Antonio español de Texas en 1718. Mis genes dicen la verdad: 33% ibérico, 16% judío sefardí y 25% indígena americano. ¿Quién es aquí el heritage American?
Mi relación familiar con Texas guarda su propio archivo de paradojas y se encarna en Juan Nepomuceno Seguín: mi antepasado. Nacido en 1806, fue un líder texano en la revolución por la independencia. Y estuvo en El Álamo. El 25 de febrero de 1836, durante el asedio de Santa Anna al Álamo, Juan Seguín fue enviado por el coronel William B. Travis para pedir refuerzos militares al general texano James Fannin. Juan fue el único superviviente de aquella desdichada demostración de resistencia y valentía.
El resto es historia y origen de nuestro grito de guerra: “¡Recordad El Álamo!”. Más tarde organizó la única compañía texana (hispanoestadounidense) que luchó en la decisiva batalla de San Jacinto. Después regresó a San Antonio y supervisó los enterramientos de los muertos del Álamo.
Y entonces la historia gira: tras servir en el Senado de la República de Texas, la creciente hostilidad anglosajona contra los texanos lo empujó a huir con su familia hacia su antiguo enemigo, México. En otras palabras: el mito fundacional estadounidense incluye a patriotas de habla española y, en mi caso, es literalmente sangre —como en el caso de millones de personas con ascendencia española—.
Volvamos al presente. En Estados Unidos, una persona como yo —como millones de personas con ascendencia española— puede ser requerida, en cualquier momento, para demostrar su nacionalidad. En Minnesota, la presión se ha hecho visible en las calles. En Colorado, viví la versión más silenciosa: no una redada, no un control, sino un correo institucional que termina en el mismo lugar: entregue sus documentos.
Los españoles saben —de un modo que los estadounidenses no— lo rápido que la identidad se endurece con el papeleo. Bajo el franquismo, el Estado activó la “obligatoriedad de su presentación” del DNI y puso en marcha la exigencia de probar la identidad para poder moverse por la vida ordinaria. No estoy diciendo que Estados Unidos sea la España franquista. Estoy diciendo esto: cuando las instituciones normalizan exigencias documentales —y cuando esas exigencias caen de manera desigual sobre ciertos apellidos y ciertos rostros— la historia lanza una advertencia.
En Estados Unidos estamos “bien” por ahora… Hasta que dejemos de estarlo. Esa es la mentira que nos contamos hasta el día en que ya no podemos.
El año pasado inicié el proceso para obtener la ciudadanía española no solo por razones prácticas, sino también profundamente personales. Como profesor de la España medieval y de la América colonial española, he dedicado mi vida a encontrar y recomponer esa comunión con España. Siento el tirón de España como hogar: mi hogar real. Pero ahora el amor no es la única razón. La necesidad lo es. Me pregunto si necesitaré esa ciudadanía no como símbolo sino como refugio, antes de que sea demasiado tarde.