La Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés”, un esquema por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, denunció que abogados representantes de “empresas cómplices” presionan y amenazan a víctimas para llegar a acuerdos o lograr que estas retiren sus denuncias.
En un comunicado emitido este sábado, la Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés” denunció “prácticas abusivas, desleales y chantajistas” de abogados que representan a empresas “cómplices” del esquema por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y actuarios judiciales promovían juicios ejecutivos y embargos de salarios de deudores con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.
Según manifiesta la Coordinadora de Víctimas en su comunicado, abogados que representan a “empresas cómplices de esta mafia” recurren a “amenazas de todo tipo” para intentar forzar a las víctimas a retirar sus denuncias o “llegar a acuerdos fraudulentos”.
La Coordinadora urge en su comunicado a la Corte Suprema de Justicia a “sancionar severamente a estos letrados” para proteger a las víctimas del esquema, y alienta a los fiscales que investigan el caso a “actuar con valentía en el cumplimiento de sus funciones, sin dejarse amilanar por amenazas o presiones externas”.
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La agrupación convoca a una manifestación el próximo martes frente a la sede del Ministerio Público en la ciudad de Villa Hayes, donde ese día debe brindar declaración indagatoria una de las abogadas supuestamente implicadas en el esquema de la “mafia de los pagarés”, Zully Ortiz.
Jueces, abogados y oficiales de Justicia acusados
En septiembre, el Ministerio Público acusó formalmente y pidió juicio oral para dos jueces, dos exjueces, ocho ujieres, nueve actuarios judiciales, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados presuntamente implicados en el esquema ilegal, a quienes la Fiscalía acusa de supuesto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros presuntos delitos.
Según la acusación de la Fiscalía, las notificaciones e intimaciones de pago que deben entregarse a deudores en procesos de preparación de juicios ejecutivos, al igual que los mandamientos de embargo, no eran diligenciados por los ujieres y oficiales de justicia designados.
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El Ministerio Público afirmó también que los jueces que llevaban adelante los procesos manifestaban falsamente en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que estos no comparecieron a reconocer sus firmas para así justificar la realización de juicios ejecutivos y, eventualmente, el embargo de salarios de los deudores.