Ex intendenta Alba Correa condenada por lesión de confianza tras desviar 286 millones de guaraníes del FONACIDE para procedimientos estéticos.
El Tribunal de Sentencia de Caazapá condenó a la ex intendenta de Tavaí, Alba Correa del Partido Colorado, a dos años de prisión con suspensión por lesión de confianza. Los magistrados Salvador Martínez Rolón, Enrique Eugenio Furler y Carlos López comprobaron la malversación de 286 millones de guaraníes del FONACIDE durante 2011. La dirigente cartista utilizó los recursos públicos destinados a infraestructura educativa para financiar procedimientos estéticos personales.
La condena incluye prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años y restricciones de movilidad. Correa debe comparecer mensualmente ante el Juzgado de Paz de Tavaí y no puede cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial. El fallo representa el cierre de un proceso que se extendió una década desde las primeras denuncias de concejales municipales.
CONDENAN A EXINTENDENTA QUE USÓ DINERO PARA «TUNEARSE»#4toJudiciales
◾La ex intendente de Tava’i, Alba Correa (ANR-HC) fue condenada a dos años de cárcel y con prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años. La ex jefa comunal habría desviado fondos municipales para… pic.twitter.com/i2IrI2nfSS
— Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) June 18, 2025
Los recursos desviados provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, creado para financiar obras de infraestructura educativa en municipios del interior. La Contraloría General de la República había detectado irregularidades en la ejecución presupuestaria durante la administración de Correa entre 2010 y 2015. El organismo de control documentó diferencias significativas entre los ingresos registrados y los gastos ejecutados.
Antecedentes de corrupción sistemática
La ex jefa comunal enfrentó previamente otra condena por lesión de confianza y estafa en 2019, junto al constructor Manuel Vera Soto. El caso involucró contratos fraudulentos por 62.5 millones de guaraníes para la construcción de alambradas perimetrales en escuelas básicas. Las obras nunca se ejecutaron, pero Vera Soto recibió los pagos completos mediante la complicidad de la entonces intendenta.
Los contratos contemplaban la construcción de cercados en la Escuela Básica N° 7830 San Roque González de Santa Cruz y la Escuela Básica N° 6345 del mismo nombre. Cada proyecto tenía un costo de 31.25 millones de guaraníes, totalizando los 62.5 millones desviados. La Fiscalía comprobó que ninguna de las construcciones se materializó, configurando estafa agravada contra el patrimonio municipal.
El Juzgado de Ejecución Penal dispuso el finiquito del expediente en diciembre de 2023, tras el pago de 84 millones de guaraníes por parte de ambos condenados. Esta suma representó la restitución parcial de los fondos malversados, aunque no cubría la totalidad del daño patrimonial causado al municipio de Tavaí durante la gestión de Correa.
Chicanas procesales y dilación de justicia
La defensa de Alba Correa implementó múltiples estrategias dilatorias desde la imputación formal en marzo de 2017. La acusación fiscal se presentó en septiembre del mismo año, pero el proceso se extendió hasta 2024 debido a recursos de apelación y excepciones presentadas por los abogados defensores. Las maniobras procesales buscaban evitar el juzgamiento y prescripción de la acción penal.
El caso evidenció las debilidades del sistema judicial paraguayo para procesar eficientemente casos de corrupción municipal. La dilación procesal permitió que transcurrieran siete años entre la acusación y la sentencia definitiva, debilitando la efectividad de la sanción penal. Los tiempos procesales excesivos constituyen un factor que favorece la impunidad en delitos contra la administración pública.
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La Contraloría General de la República había emitido recomendaciones específicas sobre el fortalecimiento de controles internos en la municipalidad de Tavaí. El organismo sugirió implementar el Modelo Estándar de Control Interno y mejorar los procedimientos de rendición de cuentas. Estas medidas buscaban prevenir futuras irregularidades en la ejecución de fondos públicos.
La condena de Alba Correa establece un precedente sobre la responsabilidad de autoridades municipales en el manejo de recursos del FONACIDE. El fallo confirma que el desvío de fondos destinados a infraestructura educativa constituye lesión de confianza y amerita sanciones penales efectivas. La prohibición de ejercer cargos públicos busca proteger el patrimonio estatal de futuras malversaciones.
En su momento la Contraloría determinó múltiples irregularidades en la gestión municipal 2012-2013, incluyendo falta de comprobantes de ingresos por 415.6 millones de guaraníes, gastos sin respaldo documental por 184.7 millones, incumplimiento de porcentajes legales de inversión educativa y obras ejecutadas sin autorización del MEC. El organismo recomendó implementar controles internos, respaldar operaciones con documentación válida, cumplir procedimientos de contratación pública y adecuarse a las distribuciones presupuestarias establecidas por ley.
Fuente: ABC Color