La CGR reveló desvíos millonarios en combustibles y transferencias sin respaldo durante la administración de Carolina Aranda en Mariano Roque Alonso.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó numerosas irregularidades en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, bajo la administración de Carolina Aranda (PLRA), esposa del diputado liberal Marcelo Salinas. Los resultados fueron revelados por El Nacional, que accedió a más de cien páginas de documentación sobre la fiscalización correspondiente a los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
Uno de los puntos más llamativos es el uso desmedido de combustibles, sin justificación documental. Los informes de carga no detallan quién utilizó los vehículos, cuántos kilómetros fueron recorridos, ni qué trámites se realizaron. Esta falta de trazabilidad impide comprobar si los recursos se utilizaron realmente en beneficio de la ciudadanía.
La respuesta oficial de la administración fue aceptar la observación y comprometerse a subsanar las falencias. No obstante, el volumen de inconsistencias reportadas sugiere una práctica sostenida de administración deficiente que afecta directamente al control del gasto público.
Casi G. 6.000 millones en combustible
Los documentos revelan que entre 2023 y 2025 se adjudicaron tres contratos de provisión de combustible por un total de G. 5.958 millones. Los llamados fueron adjudicados al mismo oferente, en procesos donde no hubo competencia. Este grupo empresarial tiene vínculos directos con la intendenta Aranda y su esposo, quienes figuran como propietarios de la empresa Bryco S.A., según sus declaraciones juradas.
El grupo Bryco posee una estación de servicios en Mariano Roque Alonso, lo que plantea serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Las fechas de adjudicación, montos y el perfil de oferente único evidencian un patrón que vulnera los principios de transparencia y libre competencia establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Transferencias sin control ni respaldo documental
La CGR también detectó millonarias transferencias realizadas por la municipalidad a organizaciones sin fines de lucro, entidades educativas, comisiones vecinales y otras instituciones, sin exigir la documentación mínima de respaldo. Un total de 363 millones de guaraníes fue transferido sin requerir balances, informes de gestión ni planes de uso de fondos.
Además, se observaron desembolsos en concepto de asistencia social y subsidios sin los expedientes correspondientes. Esta omisión contraviene las normativas que regulan la rendición de cuentas en las transferencias municipales.
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A lo largo del informe, se revela que la administración de Aranda destinó fondos a consejos de salud, festividades locales y clubes deportivos sin establecer criterios claros de evaluación o seguimiento. La Contraloría sostiene que estas prácticas debilitan los mecanismos de control y fomentan la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
Por último, existe un llamativo crecimiento patrimonial por parte de Carolina Aranda y su esposo desde que asumieron cargos públicos. La suma aproximada en bienes declarados recientemente asciende a G. 2.400 millones. Esta acumulación de riqueza durante sus años al frente de cargos públicos añade más sombras sobre una gestión ya fuertemente cuestionada.
Fuente: El Nacional