La Cámara de Diputados aprobó una pensión graciable para un arpista radicado en México, en medio de confusiones y críticas por el manejo irregular de fondos públicos.
El Congreso paraguayo ha vuelto a poner de manifiesto la preocupante ligereza con la que se gestionan los recursos de los contribuyentes. El pasado martes, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para conceder una pensión graciable, evidenciando la persistente falta de rigor y seriedad en la asignación de fondos públicos. Esta práctica, que se repite en ambas cámaras, sugiere un patrón de distribución de dinero a allegados sin la transparencia y el escrutinio necesarios.
La controversia surgió con la aprobación de un proyecto de ley destinado a otorgar una pensión graciable de G. 2.680.000 a Celso Duarte González, arpista paraguayo que reside en México. La iniciativa fue promovida, según se difundió, en el programa televisivo del exsenador Juan Carlos “Kale” Galaverna, padre de “Nano” Galaverna, lo cual añade una capa de cuestionamiento sobre la influencia en estas decisiones legislativas. La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, sintetizó la inviabilidad del proyecto al señalar la residencia del beneficiario fuera del país.
#SANCIONADO Proyecto de Ley, “QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR CELSO DUARTE GONZÁLEZ”
Se remite al Poder Ejecutivo.#SesiónExtraHCD pic.twitter.com/ErsqkhfTXJ
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) June 17, 2025
La irresponsabilidad en la votación alcanzó niveles preocupantes cuando el diputado Jatar “Oso” Fernández, aliado cartista, defendió erróneamente la pensión para otra persona: el artista chileno Jackson Omar Manosalva, radicado en Paraguay. Fernández describió a Manosalva como “alguien que le dio mucho al Paraguay, es un hijo adoptivo de Paraguay y más paraguayo que muchos”, mostrando una confusión que subraya la falta de preparación y seriedad en el debate legislativo sobre el destino de los fondos públicos.
El diputado independiente Raúl Benítez se sumó a las críticas, manifestando su preocupación por el manejo precario de las pensiones graciables. Benítez enfatizó la gravedad de la situación, sugiriendo que si una propuesta de esta naturaleza fuera presentada por un opositor, podría derivar en una pérdida de investidura. Sus declaraciones ponen de relieve el doble rasero que parece aplicarse en el tratamiento de estas iniciativas, dependiendo de quién las impulse.
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El desenlace del proyecto fue igualmente revelador de la debilidad institucional. La pensión terminó siendo sancionada no por un respaldo contundente, sino por la falta de quorum necesario para ratificar el rechazo inicial. Los diputados presentes no alcanzaron los 53 votos requeridos para desestimar el proyecto, lo que permitió su aprobación por defecto y su remisión al Poder Ejecutivo. Este escenario evidencia la fragilidad de los mecanismos de control y la facilidad con la que se pueden colar decisiones cuestionables en el Congreso.
Esta situación subraya la necesidad urgente de reformar los criterios y procesos para la concesión de pensiones graciables. La reiterada discrecionalidad en la distribución de fondos estatales, a menudo influenciada por lazos políticos, socava la confianza ciudadana en las instituciones y compromete la transparencia en la gestión pública. Es imperativo que el Poder Legislativo asuma su rol con la debida responsabilidad y rigor.
Fuente: ABC Color