En una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros y la de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados se intentó debatir el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos, que tiene solo dos artículos cuestionados, pero que despiertan fuertes sospechas de una mala fe e intento de favoritismo a empresas “amigas del poder” vinculadas como exsocias comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, pero más grave aún, un posible riesgo para la estabilidad del sistema financiero y la seguridad jurídica, según advierten referentes de sectores afectados.
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El proyecto con media sanción del Senado figura mañana para su tratamiento como 5º punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, convocada para las 09:00. Representantes de Asoban pidieron postergar el tratamiento para un debate más serio pero aparentemente su pedido no será escuchado por el cartismo.
La reunión conjunta realizada esta mañana en el 5º piso (Salón Vip) de Diputados fue el único “espacio” que se dio a sectores afectados como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la firma procesadora de tarjetas Bancard, aunque de vuelta fue limitado por los cartistas que ni siquiera permitieron someter el proyecto a audiencia pública.
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Al presidente de Cuentas y Control, el diputado cartista César Cerini, le costó ordenar la reunión, pero convenientemente dio mayormente la palabra a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central del Paraguay (BCP) y relegó a los de Asoban y Bancard que no había tenido espacio hasta hoy.
El proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos es una iniciativa cuya importancia es compartida por todos los sectores, pero se vio manchada desde el momento que el Ejecutivo introdujo modificaciones a espaldas de los afectados (en el artículo 4º incisos “e” y “q”), no permitieron el debate técnico en Senado y repiten lo mismo ahora en Diputados.
Es por ello que diputados opositores se enfocaron en indagar quién fue el que introdujo las reformas “de contrabando”, las cuales además tienen fuerte tufo a direccionar a favor de empresas “amigas” del gobierno. Puntualmente diputados apuntaron el Ueno, del Grupo Vázquez.
Una pregunta clave -compartida por los diputados Mauricio Espínola (ANR, FR), Raúl Benítez (Independiente) y Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) que evadieron responder los representantes del Ejecutivo fue quién dispuso introducir la modificación en el artículo 4º “por lo bajo”.
“Tenemos un gobierno que está casado con un banco (ueno Bank) y con la forma en que llega este proyecto de ley, porque primero llega un borrador que es distinto a lo que llega, con la velocidad con la que se va tratar prácticamente sin audiencia pública y mañana posiblemente se va a aprobar. Entonces, queremos saber quién introdujo ese artículo porque probablemente ese artículo se hizo a medida”, dijo el diputado Benítez.
El diputado también enfatizó que el objetivo de la pregunta es para saber si “fue el Ejecutivo el que metió algo a medida o fue el BCP”.
Intervino primero el diputado cartista Yamil Esgaib, pero más bien para atacar a sus colegas y luego se retiró de la reunión sin siquiera terminar de escuchar el debate.
“Vergüenza ajena me da por algunos colegas de ese nivel bajo que tienen de tratar al Ejecutivo. Y qué pregunta: ¿Quién envió? Claro que envió el Ejecutivo, señores. El presidente de la República envía estos proyectos a pedido del Banco Central», dijo.
La miembro del directorio del BCP, Liana Caballero primero se dedicó a defender a la empresa ueno y luego cedió la palabra a la abogada Ana Vázquez, quién confirmó que los cambios los introdujo el Ejecutivo, pero no especificó quién puntualmente.
“Es lógico que ese primer borrador que se socializa tenga que tener ajuste, pero lo que se socializa no es la versión final. Entonces el BCP tiene que remitir el proyecto al Ministerio de Economía. (…) Se envía la MEF, que debe realizar sus ajustes y luego manda al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, que es el finalmente envía la versión final al Congreso”, respondió Vázquez.
Podría haber conflicto de intereses
La misma hizo un relato formal del circuito, pero evadió responder quién puntualmente introdujo la reforma a los artículos, ya que eso podría comprometer al ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto “Ilo” Moreno, que es cuñado de ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovino, que a su vez fue socio con el expresidente Peña en Credicentro, luego Ueno Holding.
“Acá la pregunta es, quién introdujo estos dos párrafos en estos dos incisos, porque si introdujo el asesor jurídico de la presidencia, Ilo Moreno, él es cuñado del titular de uno de los bancos allegados al presidente de la República. Lastimosamente se ha dilapidado la ley de conflicto de intereses por parte del mismo oficialismo. Si no fuese de esa manera estaría incurriendo a un claro caso de conflicto de intereses”, dijo el diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republica).
El legislador colorado acotó que en base al manejo turbio cómo se introdujeron las modificaciones, “existen sospechas de desconfianza, ya no solo el propio Ejecutivo , sino sobre una institución que siempre tuvo una cultura de credibilidad como el BCP”.
Reconocen intención de que “entren nuevos actores”
El Sistema Nacional de Pagos es un proyecto de ley mayormente consensuado en el aspecto de regular los diversos medios de pago (trasferencias bancarias, pagos con QR o POS (Punto de venta, por sus siglas en inglés), cajeros automáticos y otros, el servicio de tarjetas de crédito, etc.
Los puntos en controversia son dos, agregados de último momento por el Ejecutivo en los incisos “e” y “q” del artículo 4º del proyecto de ley, que directamente son señalados de buscar “matar” a la empresa procesadora de tarjetas Bancard, en beneficio de firmas amigas del Gobierno que ahora están entrando a competir en el rubro de los POS.
Dichos artículos darían potestad el BCP de ordenar la disolución de empresas como Bancard, que cumplen más de un rol en el sistema: 1) como proveedor de las tarjetas y 2) como proveedor de sistemas de cobros (POS), presuntamente para beneficiar a U-Pay el sistema de POS del grupo Vázquez.
Precisamente, sobre el punto, la miembro del directorio del BCP, Liana Caballero reconoció taxativamente: «Lo que nosotros buscamos con esta ley es la competencia, que entre nuevos actores, no sobre estos que están. Con más competencia lo que vamos a conseguir es el costo menor“.
Advierte de afán expropiatorio y de “licencia para matar”
El director titular del Consejo de Administración de Asoban, Jerónimo Nasser, uno de los pocos a los que se dejó hablar en la audiencia, fue duro en su intervención, acusando al gobierno de recurrir a mentiras para intentar justificar la modificación arbitraria del proyecto y advirtió del riesgo del proyecto, no solo para una firma, sino para el sistema financiero y el país.
Primeramente aclaró que en ningún momento fueron invitados a dar su parecer sobre el proyecto modificado y de hecho, solicitaron audiencia con autoridades del BCP, pero nadie les dio respuesta.
Luego también enfatizó que es mentira que estén en contra del proyecto, remarcando que lo que cuestionan es que el Gobierno buscaría “expropiar” una empresa privada.
“Cuando hablan de inclusión financiera y de interoperabilidad estamos todos de acuerdo. ¿Hay cosas que hay que ser más eficiente?, estamos todos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que tenga potestad de matar una empresa, porque no la tienen, eso es anticonstitucional. Con esa teoría entonces, si yo quiero que la cerveza por algún motivo cambie, voy a decir que Cervepar tiene 75% del mercado, entonces que Cervepar se divida en 5″, dijo Nasser.
También le recordó a Liana Caballero que es ilegal que ellos quieran modificar mediante una ley la cuota del mercado. “Decir: quiero que el market share (participación en el mercado) baje, no tiene derecho de exigir eso, esa no es su potestad. Su potestad es decir qué normas tenemos que cumplir y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, pero no decir, quiero que vos tengas menos market share”, refirió.
Finalmente, Nasser también alertó que es sumanente grave “que se quiera expropiar una empresa paraguaya de 40 años de trabajo en el país», ya que “pone en riesgo la estabilidad, (aumenta) el riesgo país” y el grado de inversión.
Analizan acción de inconstitucionalidad
El CEO de Bancard, Aníbal Corina, por su parte se mostró consciente de la reticencia el oficialismo en oír las objeciones fundadas, por lo que en caso de que se sancione mañana el proyecto y posteriormente promulgue el Ejecutivo, plantearían una acción de inconstitucionalidad.
“La postura a grandes rasgos es que sí, que esto es inconstitucional, sobre todo teniendo en cuenta que hay un alcance demasiado amplio”, sostuvo Corina.
El representante de Bancard también ratificó que se trataría de una expropiación, ya que “el Banco Central va a tener la potestad de separar la compañía” y “a nosotros nos preocupa de sobremanera de que por una particularidad de que tiene mucha participación en el mercado”.