El juez penal especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó la elevación a juicio oral contra el intendente de Jesús de Tavarangüé, quien fue acusado por el Ministerio Público de cometer lesión de confianza en el ejercicio fiscal del año 2022. La investigación arrojó un supuesto daño patrimonial de más de G. 2.300 millones, provenientes de los fondos especiales otorgados a municipios que cuentan con patrimonios culturales, conforme a las leyes 5255/14 y 6145/18.
Por resolución del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, se elevará a juicio oral la causa contra el actual intendente municipal de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR). El fiscal Luis Albertini, titular de la causa, y los fiscales Ever Williams y Francisco Martínez presentaron la acusación y el pedido de elevación a juicio oral y público por presunta lesión de confianza.
Con la investigación se habría logrado verificar la existencia de posibles sobrefacturaciones, obras inconclusas, falsificación de documentación y varias irregularidades en el ejercicio fiscal 2022, de la administración comunal del colorado Víctor Garay.
El presunto daño patrimonial ascendería a más de G. 2.327.757.543, entre lo que pudo corroborar la Contraloría General de la República y lo hallado por el Ministerio Público. Se trata de G. 188.517.059 en honorarios profesionales, G. 1.546.546.073 en construcciones y G. 592.694.411 en extracciones que no tenían documentación respaldatoria.
El jefe comunal se expone a una pena privativa de libertad de cinco años, aproximadamente, según estimó el fiscal Albertini.
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La investigación
Una denuncia ciudadana sobre posible mal manejo de recursos públicos alertó a las autoridades de control. Las principales irregularidades investigadas están contenidas en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que emitió el resultado de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) encabezada por René Ayala y supervisada por Sandra Pérez, de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales (DGCODM) de la Contraloría General de la República, el 4 de julio de 2023.
La CGR fiscalizó el ejercicio fiscal 2022 y parte del 2023 del intendente Víctor Garay. Los resultados del informe reportaron irregularidades en 25 puntos, desarrollados en 115 páginas.
En el marco de esta investigación, el Ministerio Público realizó cuatro allanamientos el pasado 20 de noviembre de 2023 para incautar los documentos respaldatorios.
Los sitios donde intervino el fiscal de la causa fueron: la sede municipal; la residencia de Víctor Garay, en el barrio San Antonio; la casa del contador de la municipalidad, Hugo Paniagua, en el barrio 8 de Diciembre; y la vivienda del tesorero municipal, Hugo Pauillaux.