El último enfrentamiento entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y el movimiento independentista de Annobón, una pequeña isla de unos 5.000 habitantes, se libra en un tribunal de España. Teodoro Obiang, que gobierna el país africano con puño de hierro desde hace 46 años, ha interpuesto una demanda contra el líder independentista Orlando Cartagena por acusarle de “brujería” y “canibalismo”. Obiang reclama el pago de un millón de euros, según el escrito de conciliación presentado ante un juzgado de Catarroja, al que ha tenido acceso este diario. Cartagena, que reside en el municipio valenciano y se presenta como primer ministro annobonés en el exilio, afirma que es víctima de una “persecución política” y un acto de “intimidación judicial”.
En el centro de la querella están unas declaraciones que hizo Cartagena el año pasado en una entrevista para un canal de televisión de Argentina, durante una gira en la que buscaba apoyos internacionales para la causa independentista de Annobón. “Y además, el presidente, que es un dato muy importante, practica la brujería y come carne humana”, aseguró. “El presidente de Guinea [Ecuatorial] y su cúpula comen bebés congelados”, agregó. Las afirmaciones han sido difundidas en las redes sociales del autoproclamado Gobierno de la República de Annobón y de Ambo Legadu, el nombre de la organización que impulsa la independencia del antiguo territorio español, así como en la cuenta de X de Cartagena.
“Dichas afirmaciones, y su contexto, parecen sugerir que mi mandante se ‘procura’ dicho consumo, o lo que es lo mismo, de forma directa o indirecta, arrebata la vida a esos bebés para luego congelar sus cadáveres y consumirlos; o los obtiene de otra forma que, en cualquier caso, es ilícita”, señalan los representantes de Obiang en el documento. También reclaman que varias cuentas de redes sociales se han hecho eco de los dichos de Cartagena, “debido al contenido deliberadamente morboso y perturbador de lo que se dice”.
El abogado del presidente de Guinea Ecuatorial es Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que presidió el juicio por los atentados terroristas del 11-M de 2004. El asunto fue admitido a trámite en el mismo tribunal de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia. El acto de conciliación, una audiencia para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo amistoso antes de irse a juicio, está previsto para este miércoles.
Las condiciones de Obiang para evitar el juicio son que Cartagena reconozca que no es cierto “que coma carne humana (en especial bebés)” ni que “haya quitado la vida —de forma directa o indirecta— a otros seres humanos” con la intención de consumir sus cadáveres. Le da un plazo de 48 horas a partir del acto de conciliación para que ofrezca disculpas públicas en todos los perfiles de redes sociales que difundieron sus afirmaciones. Y exige una indemnización de un millón de euros para reparar los daños a su reputación, que será destinada a “mejorar la vida de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial”, aunque no detalla cómo.
En una nota de prensa, el Gobierno de la autoproclamada República de Annobón asegura que la querella responde a una “venganza de Obiang contra uno de sus principales opositores”. El grupo sostiene que la demanda supone una nueva represalia contra Ambo Legadu, que ha impulsado una serie de denuncias contra las autoridades de Guinea Ecuatorial por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos ante la justicia internacional.
Sobre las acusaciones de canibalismo, el comunicado refiere que “este hecho ha sido ampliamente reportado en la prensa internacional (…) en relación a esa práctica por parte de la etnia fang [el grupo étnico más numeroso de Guinea Ecuatorial] y en concreto, por Obiang”. La organización adjunta una serie de publicaciones periodísticas que retoman las acusaciones de antropofagia que han hecho opositores y disidentes contra el dirigente ecuatoguineano desde hace más de dos décadas. Consultado por este diario, Gómez Bermúdez no quiso hacer más comentarios al margen de los actos que se reclaman en la querella.
Viejas tensiones
Las tensiones no son nuevas. El nombre de la isla tiene su origen en el paso de una expedición portuguesa el 1 de enero de 1475, que se refirió a ella como Anno bom (año bueno, en portugués). A finales del siglo XVIII, Portugal cedió esta y otras posesiones en África a España. En 1968, la antigua colonia pasó a ser parte de Guinea Ecuatorial cuando esta proclamó la independencia, a pesar de estar a más de 600 kilómetros de Malabo, la ciudad más poblada del país, y de tener una identidad étnica distinta y una lengua propia.
Tras denunciar durante décadas la represión sistemática de protestas sociales, abusos de los militares desplegados en la isla y una política de aislamiento deliberado de las autoridades ecuatoguineanas que se ha agravado desde que Obiang tomó el poder en 1979, Ambo Legadu declaró la independencia unilateral en 2022. El Gobierno de Guinea Ecuatorial considera Annobón una parte inalienable de su territorio y abrió causas penales contra los líderes, entre ellos Cartagena, que se exilió en España en la década de los noventa tras ser torturado, sentenciado a muerte y posteriormente indultado en el país africano, como documentó Amnistía Internacional. Trabaja como carpintero en Valencia.
“Annobón no es un Estado reconocido por un solo país de la comunidad internacional, y el señor Cartagena no es ni ha sido nunca un cargo político electo”, refiere el escrito de conciliación a manera de contexto, a pesar de que los hechos denunciados son las acusaciones de canibalismo. La causa independentista ha resonado ampliamente en Argentina porque los líderes annoboneses han planteado la posibilidad de incorporarse al país sudamericano, a pesar de situarse a más de 7.500 kilómetros de la isla, bajo el argumento de que ambos territorios formaron parte del Virreinato del Río de la Plata y tienen un pasado común. “Tenemos que ser libres antes de decidir”, afirmó Cartagena en una entrevista con este diario el año pasado.