El Senado propone frenar adjudicaciones del Indert en el Chaco tras detectarse irregularidades en tierras fiscales cercanas al Corredor Bioceánico.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, enfrentó duras críticas en el Senado tras intentar justificar adjudicaciones recientes de tierras fiscales en Carmelo Peralta. Los lotes están ubicados en la zona estratégica del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico.
Durante su comparecencia ante la mesa directiva, Ruiz Díaz no presentó documentos que respalden sus decisiones. En cambio, responsabilizó a gestiones anteriores y citó artículos del Estatuto Agrario que, según se constató, no existen.
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Uno de los casos más cuestionados fue la adjudicación de una fracción de 29 hectáreas (Padrón Nº 312) al empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal. La resolución fue firmada por Ruiz Díaz el 10 de mayo de 2024. Con esta decisión, anuló una disposición de 2021 que asignaba 12 hectáreas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (ex Aduanas).
Titular del INDERT y su reunión con senadores
️»El presidente Peña dijo que Francisco Ruiz Díaz iba a darnos cátedra, pero solo trajo un papelito con cuatro nombres escrito a mano. En los años que tengo en el Congreso nunca vi algo parecido», comentó Rafael Filizzola, tras la… pic.twitter.com/OrguLcdx4u
— Radio Ñandutí (@nanduti) December 2, 2025
Adjudicaciones exprés y vínculos estratégicos
El caso del Padrón Nº 311 también generó polémica. En agosto de 2024, el Indert adjudicó 60 hectáreas a Marlene Oviedo Rodríguez en un trámite que avanzó con rapidez inusual. La decisión dejó sin efecto pedidos anteriores, como uno de 2010 por Wanesa Rossatti Spencer, hija de un piloto con antecedentes vinculados al narcotráfico.
Otro ejemplo es el Padrón Nº 313, adjudicado en junio a Alba Marlene Rodríguez Escobar. La beneficiaria había vendido 12 hectáreas vecinas en 2023 a Sarcom, empresa en la que figura como accionista el actual ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
En ese caso, Ruiz Díaz alegó haber verificado personalmente la ocupación del lote por parte de Rodríguez Escobar. Sin embargo, ella también había solicitado el arrendamiento de 400 hectáreas en Paso de Patria, a casi 1.000 kilómetros de distancia, lo que cuestiona la supuesta residencia efectiva.
Iniciativa legislativa y cuestionamientos legales
Ruiz Díaz utilizó como argumento una supuesta norma que permite adjudicar tierras tras dos años de ocupación. No obstante, la Ley 1.863/2001 no establece ese plazo. Además, en el caso de Aduanas, la resolución anulada otorgaba las tierras sin costo, conforme al artículo 59 del Estatuto Agrario.
El titular del Indert también justificó el precio de G. 585.000 por hectárea con una tabla de valores de 2013. Omitió que la Ley 2.419 exige dictamen de la Junta Asesora para fijar precios en ventas de tierras.
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Ante estas irregularidades, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, presentará un proyecto que solicita suspender toda adjudicación de tierras fiscales en la Región Occidental. La medida busca actualizar los precios de referencia, establecidos en 2013.
La propuesta surge tras revelarse que tres lotes adjudicados por el Indert eran pretendidos por instituciones públicas, como la Aduanas, la ANNP y la Municipalidad de Carmelo Peralta. La zona afectada corresponde al área de influencia directa del Corredor Bioceánico.
Fuente: ABC Color