El 26 de septiembre de 2025, el Tribunal Regional de Hannover, en Alemania, había dictado sentencia condenando a 8 años de pena carcelaria a Robin Malte Schneider, acusado de estafa especialmente grave cometida entre 2021 y 2202, y con la que causó un perjuicio de 21.112.019 euros, con más de 1.980.000 pruebas de antígenos, que nunca se realizaron, a la Asociación de Médicos del Seguro de Salud Estatutario de Baja Sajonia (KVN).
Previo a ello, Malte Schneider había sido detenido la Policía el 25 de agosto de 2023, en el barrio Villa Morra de Asunción. En esta misma fecha, la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz decretó su prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
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En atención a que el extranjero tenía un requerimiento para extradición de parte de la justicia de Alemania, la jueza Ruiz Díaz hizo lugar al mismo el 15 de septiembre de 2023, a través de la Sentencia Definitiva (SD) N° 80. Esta diligencia se materializó el 17 de enero de 2024.
Entonces, entre su detención y su prisión preventiva que se registraron en agosto de 2023 hasta el día que fue extraditado, en enero de 2024, el ciudadano alemán Robin Malte Schneider estuvo privado de libertad por un lapso de cinco meses en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cuya capacidad oficial es para 1.500 personas, pero que entonces tenía a casi 3.000 individuos presos, entre condenados y procesados.
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Pidió salir de la cárcel mientras se tramitaba su extradición
En el tiempo que Malte Schneider estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, solicitó revisión de medidas cautelares en dos oportunidades. En ambas, la jueza Clara Ruiz Díaz mantuvo la prisión preventiva en la cárcel, la primera a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 1315 del 1 de septiembre de 2023 y la otra, por AI N° 1494 del 13 de octubre de 2023.
Es así que Robin Malte Schneider pasó privado de libertad en un recinto penal que tenía superpoblación penal, en el que condenados y procesados no tenían diferenciación dentro del espacio penitenciario; además de estar en un sitio donde las condiciones de vida eran deplorables y las enfermedades proliferaban.
A todo eso se suma que, tales eran las condiciones de sobrepoblación penitenciaria, sumada la corrupción interna, que muchos internos que no tenían recursos para pagar por un espacio o celda, terminaban durmiendo en los pasillos de los sectores de la principal cárcel del país.
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Alemania valoró condiciones de reclusión para descontar su pena
Todos estos aspectos tuvo en cuenta el tribunal de Hannover, que conmutó el tiempo que Malte Schneider estuvo preso en Paraguay en una proporción de “1:3” en Alemania, es decir, 1 día que estuvo preso en nuestro país le equivalió a 3 días preso en el país europeo, por lo que los 5 meses de encierro le valen por 15 meses, que se le descuentan de su condena de 8 años en su país.
De hecho, parte de esa sentencia del tribunal alemán a la que accedió ABC Color señala que, “debido a las condiciones penitenciarias agravadas en el centro Penitenciaría Nacional – Tacumbú en Asunción (Paraguay), el Tribunal ha ejercido su discrecionalidad para imputar un tiempo mayor al efectivamente cumplido como detención en el extranjero”.
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También, “se ha valorado que, además de las duras condiciones de reclusión, durante el periodo de detención se produjo una intervención armada del poder judicial que derivó en un motín y un incendio en la zona donde estaba detenido el acusado, lo cual hizo temer por su vida”.
Esa parte, refiere en forma directa a un motín de presos registrado en octubre de 2023 y a la operación Veneratio, que se realizó el 18 de diciembre de 2023, cuando fuerzas policiales ingresaron a Tacumbú. En el recinto, se registraron enfrentamientos armados en varios sectores e incluso, un policía del Grupo Lince Martín Mendoza, perdió la vida y también otros 11 privados de libertad. Durante la intervención, los internos también provocaron el incendio en un área de la cárcel.
Estado incumple con su responsabilidad
Consultado con relación a esta situación que involucró al ciudadano alemán Robin Malte, Orlando Castillo, ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), refirió que “el caso de la consideración de un día de prisión en Paraguay equivalen a 3 días de cumplimiento en Alemania, señala claramente al Estado paraguayo como un estado que no cumple con los estándares de respeto a los derechos humanos”.
En otro momento Castillo expresó: “El análisis realizado por el tribunal de Hannover, toma en consideración los elementos del fin de la pena y de la dignidad humana, por tanto se funda en los derechos fundamentales que todo Estado debe respetar”.
Al respecto comentó que los informes del MNP “desde su creación han señalado, las condiciones deplorables de nuestras cárceles, los altos niveles de hacinamiento crítico, la sobrepoblación, el hambre, la falta de agua, la ausencia de celdas dignas, y cárceles shoppings, donde todo se vende y se sustenta en sistemas de corrupción”.
“La exposición de una persona a este tipo de encierro conlleva para el análisis jurídico, un incumplimiento de la responsabilidad Estatal, por lo tanto aplican el principio Pro Homine o Pro persona, y disminuyen la pena, facultad que les otorga la legislación alemana”, reflexionó en relación a lo hecho por el tribunal alemán.
Encierro no respeta la dignidad humana, afirman
Así también el ex comisionado del MNP, Orlando Castillo, habló de la importancia del criterio aplicado por el tribunal de Hannover que, al fin y al cabo “debe servir de guía a los jueces de Ejecución de Paraguay, que tienen la responsabilidad de velar por la dignidad de las personas en situación de encierro, y aplicar los institutos y beneficios establecidos en el Código de Ejecución”.
“Hoy en Paraguay la justicia de ejecución considera que la persona privada de libertad debe justificar y hacer todo lo posible para cargar con las responsabilidades del Estado, y esto no debe ser así. Jueces de Ejecución que rechazan beneficios de redención porque los informes de OTC no reúnen los criterios que ellos consideran”, expuso Castillo.
Luego hizo referencia a los criterios creados por los jueces que tramitan causas en la frontera o de encausados oriundos de las zonas fronterizas, “donde no se otorgan libertades condicionales porque el juez o jueza considera que al estar en frontera el riesgo de sustraerse del cumplimiento de la sanción es alta, porque no existen mecanismos estatales de supervisión de medidas”.
“La sentencia del tribunal de Hannover, recuerda que la pena tiene un fin, y que el Estado Paraguayo se encuentra muy alejado de ello y que hoy el encierro se da sin respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, finalizó Castillo.